El Gobierno y la Generalitat iniciarán negociaciones para resolver las "discrepancias" que existen sobre dos artículos de la Ley de Acompañamiento, uno de los cuales hace referencia al impuestos sobre depósitos bancarios, un gravamen con el que el Ejecutivo de Alberto Fabra prevé recaudar 230 millones de euros y que el Gobierno iba a recurrir ante el Tribunal Constitucional.
El inicio de negociaciones amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno central para recurrir ante el Constitucional los artículos con los que no está de acuerdo.
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) publican este miércoles un acuerdo de 20 de marzo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa General del Estado-Generalitat para resolver las "discrepancias" manifestadas por el Estado en relación con los artículos 88 y 161 de esta norma.
En concreto, el 161 hace referencia al impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito, mientras que el 88 modifica un anexo de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana para cambiar determinados cuerpos y escalas.
En virtud del acuerdo de la comisión bilateral, firmado por el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, y por el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Presidencia, José Císcar, se designará un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral de cooperación la solución que proceda.
"Unificar criterios"
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, preguntado por esta cuestión por los periodistas tras presidir el acto de entrega de los Premios al Mérito Docente, ha señalado que el Gobierno busca "unificar los criterios" de las distintas comunidades autónomas.
El jefe del Consell ha defendido el impuesto sobre depósitos bancarios para "tener más ingresos ante la falta de financiación", y manteniendo el "compromiso" de que "no vamos a recortar en cuestiones fundamentales como la educación y la sanidad".
"Ahora estamos en negociaciones con el Ministerio, pero sigue avanzando la aplicación de este impuesto", ha asegurado Fabra, quien ha añadido que desde la Generalitat van a "seguir por ese camino".