El Gobierno valenciano está de acuerdo con tener en cuenta la densidad de población y su edad en el nuevo modelo de financiación, como pide un grupo de comunidades liderado por Extremadura, pero asegura que "ninguna dispersión (de población) justifica diferencias de 900 euros per cápita", según el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues.
Moragues presentó este lunes en rueda de prensa el análisis del actual sistema que, como el resto de comunidades, debía entregar antes del 8 de marzo al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como aportación al debate para diseñar el nuevo modelo.
La propuesta valenciana será que el Estado cubra con una misma cantidad el coste per cápita de Sanidad y Educación, teniendo en cuenta variables "técnicas" como los mayores gastos por baja densidad de población, como pide Extremadura, la insularidad o la población mayor de 65 años, por el mayor gasto sanitario, y la menor de 16, por el sobrecoste en educación. Es lo que se denomina "población ajustada", que ya está incluida en el actual sistema.
Sin embargo, según Moragues, "ninguna dispersión (de población) justifica diferencias de 900 euros per cápita". Por ello, reclamó que esos criterios se puedan "objetivar, probar, justificar y evaluar en todas las comunidades".
Según el cuadro de rendimientos publicado por la Generalitat, entre 2009 y 2011 la financiación media per cápita del Estado a los valencianos fue de 1.710 euros al año, frente a los 2.558 euros que percibieron los cántabros y los 2.530 de los extremeños.
El análisis de la Generalitat refleja que la Comunitat Valenciana es una de las que menos gasto per cápita tiene en Sanidad y Educación y, al mismo tiempo, la peor financiada tras Baleares, ya que el Estado solo cubre el 72,71 por ciento de su gasto -período 2009-2011-, frente a un 86 por ciento de media o más del 107 por ciento de Cantabria, Extremadura y La Rioja.
Ni balanzas fiscales ni ordinalidad
La Generalitat valenciana no quiere que se tenga en cuenta el principio de ordinalidad en el nuevo sistema de financiación autonómica -reducir las diferencias de financiación per cápita entre comunidades manteniendo el orden según su aportación a los ingresos-, como propone Cataluña, porque supone "territorializar" el debate, que, según su tesis, debe centrarse en cubrir los gastos sociales de las personas, no de los territorios.
Moragues rechazó toda cuestión que suponga "territorializar" el debate, como son las balanzas fiscales, ya que, dijo, "para equilibrar los territorios hay otros instrumentos, como las inversiones del Estado, los fondos europeos o el fondo de compensación interterritorial. "No podemos mezclar conceptos, el sistema de financiación ya tiene un principio de solidaridad, que es la igualdad de acceso a los servicios básicos por parte del Estado, independientemente de donde uno viva", afirmó.
El rechazo del Ejecutivo de Fabra se produce a pesar de que tanto la ordinalidad como las balanzas fiscales, si se tuviesen en cuenta, le beneficiarían.
Entrada en vigor a 1-1-2014
El Ejecutivo valenciano mantendrá su petición de que el nuevo sistema entre en vigor con carácter retroactivo a 1 de enero de 2014, como ocurrió en 2009, porque "así lo establece la Lofca y la Ley 22/2009", según Moragues. Si no, perdirá una compensación en 2014 para las comunidades que con el actual sistema están "infrafinanciadas".
El conseller exigió que el nuevo sistema sea "justo y equitativo, transparente y no discriminatorio". Para ello, según su criterio, hay que eliminar "una serie de fondos que lo hacen complejo, opaco y retorcido".
Se trata de los fondos de garantía, suficiencia, competitividad y cooperación que, afirmó, se establecieron "para mantener el statu quo". Puso como ejemplo que cuando la Generalitat valenciana accedió al fondo de cooperación por descender su renta per cápita por debajo del nivel establecido, la cantidad que recibió se le restó del fondo de competitividad, por lo que no recibió ni un euro más.
Velada crítica a Zaplana y Camps
El secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, que participa en las reuniones del CPFF y estuvo en la negociación de 2009, lanzó al final de la rueda de prensa un "mensaje a los valencianos" para decirles "que estén tranquilos y confiados en que, independientemente de quien gobierne" en España, el Ejecutivo valenciano va a "defender los intereses de los valencianos".
"Esto, en los anteriores modelos no se puede decir que fuera así, pero en este caso sí lo va a ser", concluyó. El modelo de 2002 lo negoció el Ejecutivo popular de Eduarzo Zaplana -de hecho, se denominó modelo Zaplana-, con Aznar en el Gobierno, y el de 2009 lo negoció el de Francisco Camps, con Zapatero de presidente.
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