El día 19 de diciembre las Corts Valencianes aprobaron los presupuestos de la Generalitat dentro de las competencias que tienen encomendadas según el Estatut de Autonomía en su artículo 22. Este debate presupuestario es uno de los momentos cruciales, o al menos debería serlo, de todo régimen democrático, y, además, uno de los orígenes principales del parlamentarismo.
En el análisis de las finanzas públicas debemos examinar, entre otros factores, si éstas son imagen fiel de la realidad económico-presupuestaria y si además son sostenibles; recordemos que según la última Cuenta General de la Generalitat Valenciana (2012) existió una desviación presupuestaría de más del 30 por ciento, frente a 13.754 millones de euros iniciales se alcanzaron 18.236 millones en créditos definitivos.
Respecto a la imagen fiel -principio fundamental en la contabilidad-, observamos que para el 2014, el presupuesto consolidado asciende a unos 17.000 millones, mientras que un todavía excesivo sector público -empresas, entidades, fundaciones, etc.- gestionará unos 2.000 millones. Estas cifras parecen ser más creíbles que en años anteriores, posible reflejo de que un técnico -de verdad- esté al frente de la Conselleria de Hacienda.
En relación a la sostenibilidad de las cuentas, apuntar que sólo los créditos para el pago de intereses y capital de la deuda, de prioridad absoluta -por mandato constitucional (artículo 135)- asciende a unos 4.500 millones; si a esta cifra le sumamos los gastos del personal, unos 5.500, se alcanza un total de aproximadamente 10.000 millones en gastos que el 1 de enero se tienen ya comprometidos (por lo menos).
En los ingresos de la Generalitat, lo aportado por el Estado asciende a unos 8.000 millones de euros, la infrafinanciación -según los datos de los informes manejados por la propia Generalitat- es de algo más de 1.000, por lo que en las mejores previsiones de financiación estatal llegaríamos a alcanzar, en todo caso, los 10.000 millones de aportación desde Madrid, siendo el resto de ingresos cubiertos, primero por los ingresos autonómicos -nunca han sobrepasado los 2.000 millones-, con lo que alcanzaríamos los 12.000 millones, y finalmente, por un mayor endeudamiento, otros 5.000 millones, para completar los 17.000 millones.
Así, podemos inferir que aunque los presupuestos puedan cumplir la necesaria y básica condición de ser fiel reflejo de la realidad presupuestaria, necesitan además ser sostenibles en el tiempo, y dadas las anteriores cifras de las cuentas públicas, surgen dudas al menos en el corto/medio plazo. Por tanto, para la viabilidad financiera de la Comunidad Valenciana habrá que reajustar no sólo el presupuesto de ingresos con una mejor financiación, sino que además habrá que racionalizar y ajustar, aún más si cabe, los presupuestos de gastos a las posibilidades reales existentes.
Jesús de Salvador es interventor de la Administración Central.
