
El ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra ha reconocido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que permitió en 2009 la compra por parte de Inversiones Financieras Agval, matriz de Aguas de Valencia, de terrenos en Oropesa del Mar (Castellón), a pesar de que el Banco de España había avisado a la entidad en un informe del riesgo de continuar realizando inversiones inmobiliarias.
Sin embargo, Parra ha negado que las operaciones realizadas con el Grupo Calabuig, accionista de Agval junto al Banco de Valencia, supusieran un perjuicio patrimonial para la entidad financiera, ya que "todos los préstamos están al corriente de pago hasta la fecha, lo que supone para el Banco de Valencia más de 20 millones de euros en intereses", según ha asegurado después de la declaración mediante un comunicado.
No obstante, el banco perdió al menos 11,8 millones de euros como consecuencia de las dotaciones por la depreciación de Costa Bellver, como reveló elEconomista en octubre de 2011.
Según han informado fuentes jurídicas, Parra ha indicado, además, que tanto el expresidente de Banco de Valencia José Luis Olivas como los miembros del Consejo de Administración del banco tenían conocimiento de la operación ya que él les informó verbalmente.
El ex consejero delegado ha afirmado, según su comunicado, que todos los préstamos otorgados por la entidad valenciana, tanto al Grupo Calabuig como a Agval, estaban inspeccionadas por el Banco de España y declaradas "normales", incluso en el período que el banco estuvo dirigido por el FROB. "Todos los préstamos son correctos, se concedieron siguiendo los procedimientos habituales del Banco de Valencia y fueron aprobados por todos sus órganos competentes", ha manifestado.
Parra formaba parte del Consejo de Inversiones Financieras Agval, sociedad formada por la empresa de los Calabuig Fomento Urbano de Castellón y el banco -absorbido por Caixabank-, que controla el 60,68% de la compañía de aguas.
La adquisición de los terrenos, realizada a través de la compra de acciones de la inmobiliaria Costa Bellver, se efectuó con un préstamo de 50 millones de euros que Banco de Valencia concedió a Agval con el fin de que se destinara a una opa de exclusión, para mantener el control sobre la empresa de suministro de agua.
En su declaración ante el juez Pedraz, el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig y cuatro de sus hermanos desmintieron este extremo y presentaron pruebas documentales de que el crédito no era finalista y, por tanto, Agval podía disponer de él.
Parra, que ha tardado 21 meses en comparecer ante el juez tras presentarse la primera querella contra él, se encuentra imputado en otra de las causas abierta por la gestión de Banco de Valencia, en la que Pedraz investiga a 12 antiguos miembros del consejo de administración del Banco de Valencia -entre ellos el expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, Olivas- y el socio de la auditora Deloitte, Miguel Monferrer.
El magistrado instructor admitió a trámite otras nueve querellas sobre la concesión de créditos irregulares, entre las que se encuentra la presentada por el préstamo concedido al presidente de Aguas de Valencia.
Pugna por el control de Aguas de Valencia
En el trasfondo del caso que se juzga en la Audiencia Nacional está el control accionarial de Aguas de Valencia. Caixabank, que absorbió el Banco de Valencia, consiguió del juez Pedraz que embargara parte de las acciones de los Calabuig en Agval, decisión que fue revocada por la Audiencia Nacional.
Agval controla el 60,68 por ciento de Aguas de Valencia y Eugenio Calabuig controla el 50,01 por ciento de Agval, siendo el otro 49,99 por ciento propiedad de Caixabank, accionista de Aguas de Barcelona, que no oculta su deseo de hacerse con el control de su competidora valenciana.
Tras la compra y absorción de Banco de Valencia por parte de Caixabank, Eugenio Calabuig solicitó a la entidad catalana ejercer su derecho de adquisición preferente que regulan los estatutos de Agval, al entender que se había producido el equivalente a una venta al cambiar de manos las acciones. Caixabank se opuso y el caso está pendiente de un arbitraje en la Cámara de Comercio de Valencia que debe resolverse en las próximas semanas.