
La Generalitat valenciana pagó a Bernie Ecclestone 102 millones de euros por las cinco carreras del Mundial de Fórmula 1 que se disputaron en Valencia entre 2008 y 2012, según se desprende del primer contrato firmado para la celebración de la prueba, que la Generalitat se negaba a hacer público por su cláusula de confidencialidad. El contrato fue sustituido en 2009 por otro en el que la Generalitat se convertía en coorganizador y asumía el pago del canon.
Esquerra Unida (EUPV) ha hecho público este martes el contrato para la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia, que preveía siete ediciones entre 2008 y 2014, aunque la edición de 2013 no se celebró y la de 2014 no está inicialmente prevista.
Del escrito, redactado en inglés, se desprende que que el coste del canon para las cinco carreras celebradas ascendería a 140 millones de dólares, tras una rebaja realizada en 2009, lo que al cambio actual son unos 102 millones de euros.
Asimismo, en caso de haberse realizado las pruebas hasta 2014, la cantidad hubiera alcanzado los 245,7 millones de dólares, que son cerca de 180 millones de euros. Además, el contrato preveía una opción exclusiva de FOA para prorrogarlo cinco años más en las mismas condiciones, con lo que el coste se habría disparado aún más.
El acuerdo lo firmaron Formula One Administration (FOA), propiedad de Bernie Ecclestone, y Valmor Sports, empresa participada al 33 por ciento por Bancaja, Fernando Roig y una sociedad formada por Jorge Martínez Aspar y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de las Corts. Lleva fecha del 7 de junio, dos semanas después de que Camps ganara las elecciones por mayoría absoluta. Ecclestone había dicho en plena campaña electoral que no firmaría si Camps no ganaba.
Todo este dinero lo pagó la Generalitat, ya que de todo lo que Valmor Sports invirtió en la prueba acabó haciéndose cargo en 2012 el Gobierno de Alberto Fabra al comprar la empresa por un euro con una deuda de 30 millones.
¿Confidencialidad?
El contrato entre FOA y Valmor Sports introduce una cláusula de confidencialidad que, en realidad, es un compromiso entre ambos para ocultar el contrato incluso a las "autoridades competentes".
De hecho, el texto reconoce que una autoridad competente -como las Cortes valencianas, donde se pidió reiteradamente- podría solicitar el contrato y establece que si así ocurre, Valmor Sports se lo comunicará a la empresa de Ecclestone para "tomar las medidas que FOA pueda razonablemente requerir con el fin de que pueda mitigar los efectos o evitar los requerimientos para dicha divulgación".
La Generalitat se ha escudado en reiteradas ocasiones en la "cláusula de confidencialidad" para no dar a conocer el contrato que firmó en 2009, en el que sustituyó a Valmor Sports en el pago del canon. Si la cláusula está redactada en los mismos términos en el nuevo contrato, consitituiría una burla a las Cortes y a todos los valencianos.
Contrato "histórico"
En un comunicado, EUPV ha celebrado la publicación en su web del "histórico contrato firmado pocos días después de las elecciones autonómicas" de 2007. En opinión del portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, es el "símbolo de una época, la del despilfarro, la de los grandes eventos y proyectos faraónicos que pagábamos todos, y también la de la opacidad por la cual se han distinguido los gobiernos del PP, especialmente bajo la batuta del expresidente de la Generalitat Francisco Camps".
Blanco ha señalado que "después de seis años ya era hora que los valencianos y valencianas conociéramos el contenido de este polémico contrato que ha sido escondido por el gobierno del PP y que fue el inicio de una larga relación de contratos millonarios que se firmaron año tras año".
El parlamentario ha subrayado que "el propio Camps es quien anunció este contrato durante la campaña electoral, que se celebraba sólo unos días antes de la firma". "Lamentables fueron también las palabras de Ecclestone quien llegó a decir que o ganaba Camps o no había F1" y, "al final la broma nos ha salido por cerca de 300 millones de euros", cuando Camps dijo que "no iba a costarnos ni un euro".
En relación a la web donde se ha publicado este contrato, el diputado ha asegurado que en su formación se declaran "insumisos a la confidencialidad" porque consideran que es "contraria a la ley y sobre todo a los principios éticos que tienen que regir la gestión de los fondos públicos, que son de todos".