Llanera ha acabado liquidada, pero la historia de la primera gran inmobiliaria que suspendió pagos en la actual crisis -en 2007, con 746 millones de euros de pasivo- no se ha terminado.
La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido que el concurso de acreedores sea calificado de "culpable" después de lo que considera "irregularidades relevantes" en la fase de convenio por parte de Fernando Gallego y sus hijos que llevaron a la compañía a la insolvencia definitiva el pasado mes de mayo.
El dictamen del fiscal se produce después de que Immochan, promotora del grupo Auchan (Alcampo), tratase sin éxito de recuperar los 24,2 millones de euros que tuvo que pagar a Llanera por una sentencia de 2009. Immochan la recurrió, pero el juez de lo Mercantil Fernando Presencia ordenó ejecutarla para hacer viable a Llanera y poder levantar el concurso.
La empresa de origen francés pagó en 2010. En febrero de 2013, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó a Llanera devolver a Immochan el dinero, momento en el que los Gallego pidieron la liquidación de la compañía por no poder cumplir el convenio de acreedores.
Según el fiscal, desde que ingresó el dinero de Immochan hasta el fallo del Supremo la empresa valenciana no incluyó ninguna provisión en sus cuentas por el riesgo de tener que devolverlo.
En lugar de eso, los Gallego transfirieron 15,23 millones a cinco filiales, mediante préstamos y ampliaciones de capital que la propia empresa consideró de "dudosa recuperabilidad", ya que la mayoría estaba en liquidación. De esa cantidad, 9 millones acabaron en la brasileña Iberbas Construçoes, de la que tenía el 37 por ciento
Siete coches de gama alta
El fiscal lo considera alzamiento de bienes, y califica de "acto doloso o culposo grave" la compra de siete vehículos de alta gama "sin justificación de su necesidad".
La Fiscalía pide que se condene a Fernando Gallego y a sus hijos Fernando y José Ramón a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y al pago de 24,2 millones a Immochan y de todos los créditos que el resto de acreedores no haya cobrado en la liquidación, así como los gastos procesales de todos ellos.
Los acreedores debían empezar a cobrar este diciembre, después de tres años de carencia. El pasivo había quedado reducido a unos 130 millones tras varias operaciones de compensación de deuda por venta de activos y con la quita fijada en el convenio de acreedores.
Llanera pide la liquidación