La empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), canalizadora de los proyectos faraónicos del Gobierno de Francisco Camps, desobedeció desde el año 2010 las indicaciones de la Intervención General de la Administración autonómica, dependiente de la Consejería de Hacienda.
Así lo refleja un "informe de cumplimiento" que acompaña a las cuentas anuales de 2012, que es un compendio de irregularidades contables y administrativas, algunas arrastradas de años anteriores y que no se corrigieron.
Por si esto fuera poco, el auditor externo de la compañía, Mazars, rechazó emitir una opinión sobre esas mismas cuentas anuales después de señalar en su informe siete salvedades y seis limitaciones de alcance en una memoria abreviada que consta de 25 puntos.
SPTCV fue creada en 1996 por el Gobierno de Eduardo Zaplana para coordinar los llamados grandes proyectos de la Generalitat, como Terra Mítica, Ciudad de la Luz o el aeropuerto de Castellón, así como eventos como las carreras de Fórmula 1. Su trayectoria siempre ha estado marcada por la polémica y sus procedimientos han merecido numerosos reproches de la Sindicatura de Comptes.
Pero es a partir de 2010, coincidiendo con un cambio en la dirección en agosto del año anterior, cuando la Intervención empieza a detectar irregularidades y el auditor externo va sumando salvedades año tras año.
Un ejemplo es la reclasificación de cuatro puestos de trabajo solicitada por la empresa a la Consejería de Hacienda, como es preceptivo, que fue denegada. Según la interventora, la empresa ha hecho caso omiso de la prohibición año tras año, igual que burló la rebaja salarial del 5 por ciento que era obligatoria por ley en todas las Administraciones públicas españolas en 2011.
De los informes de la intervención se desprende que el entonces consejero de Hacienda, Gerardo Camps, que era presidente de SPTCV, no obligó a cumplir la ley al director general, Nicolas Figueras, que "se encuentra apoderado con amplias facultades de administración por parte de la comisión ejecutiva".
El consejo no se reunía
Las amplias facultades llegan al punto de que, en 2012, Figueras solo dio cuenta de sus actuaciones al consejo de administración una vez. Así lo constata la Intervención, al señalar que la empresa incumplió sus propios estatutos, al celebrar una sola reunión en todo el año, bajo la presidencia de la consejera de Cultura y Deportes, Lola Johnson.
Desde mayo de 2013, el presidente de Proyectos Temáticos es el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, al que Fabra traspasó la responsabilidad de reestructurar el sector público empresarial.
Otras irregularidades detectadas en 2012 son que "vulnera la legalidad vigente" en la contratación, que pagó en salarios casi 20.000 euros más de los autorizados o que no entrega toda la documentación requerida para el control por parte de la Generalitat.
Pérdidas de 96 millones
SPTCV registró unas pérdidas de 96,4 millones de euros en 2012, un 6 por ciento más que el año anterior, aunque Mazars cuestiona esos datos, dada la cantidad de incertidumbres que se ciernen sobre la empresa, que el auditor no se siente capaz de valorar.
Por ejemplo, las cuentas no reflejan el impacto probable de la liquidación de Ciudad de la Luz, el complejo cinematográfico que la Comisión Europea ha ordenado vender a pedazos por haberse financiado con ayudas ilegales. SPTCV tiene un riesgo en Ciudad de la Luz de 195 millones, incobrable, pero solo ha provisionado 69. Algo parecido ocurre con otra filial de futuro incierto, Aeropuerto de Castellón.
SPTCV se encontraba a finales de 2012 en quiebra técnica, con una deuda a corto plazo de 590 millones y unos fondos propios negativos de 89. Su situación actual es mucho mejor, ya que la Generalitat ha asumido la deuda, ha absorbido pérdidas acumuladas por 200 millones y ha elevado sus fondos propios en 330 millones mediante la capitalización de créditos.
Polémico pago a Calatrava
El cambio de dirección de SPTCV se produjo en agosto de 2009, al negarse su director general, Eusebio Monzó -actual secretario autonómico de Hacienda-, a pagar 1,7 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por un proyecto de Centro de Convenciones de Castellón que no se ajustaba a lo que se le había encargado.
Calatrava escribió a Camps y amenazó con una demanda. Monzó fue destituido y el nuevo director firmó el pago al arquitecto.
Reducción del sector público
La reestructuración del sector público empresarial de la Generalitat se nota cada vez más en las cuentas autonómicas, donde el presupuesto de las empresas, fundaciones y consorcios ha caído un 56 por ciento en cuatro años.
Sin embargo, la reducción es menos rápida de lo esperado debido a la carga de la deuda de algunas empresas, que tiene que ser asumida por la Generalitat vía transferencias.
El presupuesto para el sector público en 2014 asciende a 1.598 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,3 por ciento respecto al año anterior, según el proyecto presentado el pasado miércoles por el consejero Juan Carlos Moragues.
De esta cifra, 1.229,5 millones corresponden a empresas públicas, 71,3 millones a fundaciones y 297,6 millones a consorcios. La mayoría de las empresas son deficitarias, por lo que se financian con aportaciones de la Generalitat, repartidas en un total de 690 millones en transferencias corrientes y 131,7 en transferencias de capital.
Estas cifras no incluyen los 107 millones que la Generalitat tendrá que transferir al antiguo ente de Radiotelevisión Valenciana para el pago de su deuda, que fue excluida del traspaso de activos y pasivos a la nueva RTVV con el objetivo de que la nueva televisión naciera sin carga financiera. La actual televisión pública recibirá 69,5 millones, un tercio de lo que venía costando en años anteriores, en cumplimiento de su nuevo contrato programa.
Venta de activos
Entre los presupuestos de las empresas destaca por su nulo coste para la Generalitat el caso de una de las más grandes, Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa), que con un presupuesto de 258 millones no prevé ni un euro de transferencias públicas, ya que Hacienda ha presupuestado como ingreso la venta de una parcela por 191 millones, lo que la haría entrar en beneficios.
Además, su gestión será privatizada a partir del verano, lo que generará más ingresos. La parcela que Cacsa tiene a la venta desde hace años estaba destinada a otro proyecto de Santiago Calatrava, tres torres por cuyo diseño cobró 15 millones.
