La Asociación contra la Corrupción ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, después de que la Fiscalía Superior haya decidido archivar la denuncia que presentó por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por la contratación de dos asesores en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón durante su etapa como alcalde sin que ejercieran ninguna función en el consistorio sino que prestaban servicios para el Partido Popular en la capital de La Plana.
La entidad reproduce los argumentos de la denuncia archivada y, al igual que en ese escrito, dirige la querella también contra el actual alcalde de Castellón, Alfonso Bataller. Al ser una querella, la Fiscalía deberá emitir un informe, pero serán los magistrados del TSJCV quienes deberán decidir si investigan los hechos.
El presidente de la asociación, Enrique Soriano, ha explicado en un comunicado que ha decidido acudir al TSJCV para "ratificar" y "abundar" en su acusación después del archivo de Fiscalía, ya que considera que el entonces fiscal jefe, Ricard Cabedo, que se jubiló poco después del archivo, no debió de haber "entendido bien" el contenido de su denuncia y critica su "poca valentía" al "no entrar a investigar el fondo del asunto a las puertas de jubilación".
La asociación, que sostiene que se necesitan "tribunales valientes", espera que el TSJCV "sabedor de la situación social en la que vivimos, dedique su tiempo a investigar la posible comisión de unos delitos, en beneficio de todas las partes".
En esta línea, considera que la ciudadanía "necesita respuestas sobre asuntos de este tipo" y sostiene que el fiscal jefe, con el archivo, "deja abierta unas opciones peligrosas que los políticos puedan con dinero público, contratar asesores y destinarlos a trabajos de su interés".
"No trabajan en el Ayuntamiento"
La asociación denunció el pasado 13 de junio ante Fiscalía Superior a Fabra y Bataller por los presuntos delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad en la contratación en 2011, época en la que el presidente de la Generalitat era alcalde de Castellón, de dos asesores para el grupo municipal popular en el consistorio que, según la denuncia, "en ningún momento" ejercían función alguna en el Ayuntamiento, sino que, en horario laboral, prestaban "servicios en la sede del PP" en Castellón pese a percibir "sus emolumentos a cargo del erario público".
Con fecha 31 de julio, el fiscal superior dictó una resolución en la que consideró que ni en el nombramiento ni en el ejercicio posterior de la función de los asesores se desprendía "ningún actuar penal" como alegaba la denuncia, ya que "el grupo popular municipal destina a sus auxiliares al lugar que estima le pueden prestar mejor servicio". Por ello, acordaba el archivo y le comunicaba que, en caso de no estar de acuerdo, podía reproducir la denuncia ante el tribunal competente, como así ha hecho.
