El Congreso de los Diputados ha incluido en el orden del día del pleno del martes 10 de septiembre el debate de totalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano, que introduce la equiparación de la inversión estatal en la Comunidad Valenciana durante siete años al peso de su población en España.
La reforma aprobada por las Cortes autonómicas la legislatura pasada, con los votos del PP y el PSOE, fue impulsada por Francisco Camps después de que el Tribunal Constitucional diera el visto bueno a una disposición similar en el Estatuto de Cataluña, a la que se había opuesto el PP en el Congreso y que había sido recurrida por diputados y senadores del Grupo Popular.
Por este motivo, la reforma valenciana es un asunto incómodo para el PP, que se ve obligado a defenderla en el Congreso por medio del portavoz del Grupo Popular en las Cortes valencianas, Jorge Bellver, mientras sus compañeros en Madrid no han decidido si la apoyarán.
El líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que es diputado en el Congreso, aprovechó este miércoles para destacar esta contradicción al pedir a Alberto Fabra que promueva el voto a favor. "Vamos a ver, con total claridad, si el PP de una vez por todas se pone del lado de los intereses de la Comunitat u otra vez se arrodilla ante Génova", afirmó.
Fiscalía: Una de cal para Fabra
Después de dos días de malas noticias para Fabra en lo judicial, con la petición de imputación de Camps y Rita Barberá y la apertura de juicio oral para el exconsejero Rafael Blasco, este miércoles se conoció una buena.
Según adelantó el diario Levante, la Fiscalía ha archivado la denuncia que se había presentado contra el presidente valenciano por poner, cuando era alcalde de Castellón, a dos asesores del PP en el Ayuntamiento a trabajar en la sede local del partido. El fiscal no aprecia "ningún actuar penal", ya que "el grupo popular municipal destina a sus auxiliares al lugar que estima le pueden prestar mejor servicio".
