Los valencianos que vuelven hoy de vacaciones afrontan una nueva subida de impuestos autonómicos aprobada a principios de agosto y convalidada por las Corts el pasado jueves, que no evitará que el Gobierno de Alberto Fabra incumpla en nuevo límite de déficit, a no ser que la recaudación se dispare en el segundo semestre.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el 31 de julio el llamado déficit asimétrico, que para la Comunidad Valenciana supuso fijar el límite para 2013 en el 1,6 por ciento. Esto supone unos 900 millones de euros más de margen, sobre un presupuesto de 13.000 millones.
La nueva subida afecta al impuesto de Sucesiones y Donaciones, para el que se reduce la bonificación del 99 al 75 por ciento. Además, sube del 8 al 10 por ciento el impuesto de Transmisiones Patrimoniales -que recauda, sobre todo, por la transmisión de inmuebles-, igualándose así al IVA que se paga por un piso nuevo desde septiembre de 2012. También sube el gravamen para la transmisión de vehículos y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que pasa del 1,2 al 1,5 por ciento.
Estas medidas, que Fabra se resistía a tomar, llegan algo tarde para el ejercicio de 2013, ya que el impacto económico de la subida para este año se sitúa entre los 40,9 y los 43,1 millones. En 2014 y 2015 puede llegar a 125 y 134 millones, respectivamente.
Esos 43 millones ayudarán al consejero de Hacienda valenciano, Juan Carlos Moragues, a "cumplir con el objetivo de déficit del 1,6 por ciento fijado o, al menos, no quedar muy lejos", como confesó al explicar por qué la Generalitat subía los impuestos.
Sin embargo, Hacienda necesita mucho más para equilibrar las cuentas sin superar ese límite. Los datos de recaudación de la primera mitad del año no son buenos y hacen prever un último cuatrimestre complicado, ya que el único ingreso que a 31 de mayo superaba la mitad de la recaudación prevista para todo el año era el de transferencias del Estado. Y con creces, el 67,8 por ciento.
Eso significa que el ministro Cristóbal Montoro adelantó unas transferencias que han moderado el déficit provisional que se conoce mes a mes, pero en los próximos meses esas transferencias no podrán ser de la misma cuantía.
Los ingresos por venta de inmuebles no llegan y la recaudación por impuestos cedidos y propios está por debajo de la de 2012, excepto el IVA. Los ingresos totales a 31 de mayo, incluidas las transferencias del Estado, eran un 2,78 por ciento inferiores a los del año pasado.
Aunque se lograse alcanzar a final de año la cifra de ingresos de 2012, la Generalitat tendría que hacer caer todo el peso de la reducción del déficit, del 3,5 al 1,6 por ciento en la reducción de gastos, lo que significa un recorte de 1.900 millones.
Los funcionarios, intranquilos
El Gobierno de Fabra viene quejándose de que apenas puede recortar y que no va a tocar la Sanidad, cuyo presupuesto per cápita es el más bajo de todas las autonomías. También insiste en preservar Educación y Bienestar Social, pero lo cierto es que la subvención a los padres para la compra de libros de texto está en el aire a una semana de que empiece el curso escolar. El bonolibro de años anteriores aún se debe a los libreros.
Con este panorama, empieza a hablarse de un retraso a enero de la paga extra de Navidad a los funcionarios, que ahorraría 215 millones en 2013 y obligaría a hacer lo mismo en 2014. ?La voluntad del Consell es que los empleados dependientes de la Generalitat cobren la paga extra de diciembre?, afirmó ayer, sin mucha rotundidad, el portavoz del Ejecutivo, José Císcar.
Los funcionarios tienen otra preocupación, y es que se prorrogue el llamado decreto Vela, que suspendió durante 2012 y 2013 sexenios, ayudas sociales y carrera profesional, además de reducir el horario de los interinos. El ahorro era de 271 millones al año y Moragues no descarta prorrogarlo, ya que en 2014 debe recortar otros 600 millones.
El ERE de RTVV
El equilibrio presupuestario que intenta sostener el conseller Moragues saltará por los aires si el Tribunal Superior de Justicia anula el ERE que ha afectado a 1.012 empleados de Radiotelevisión Valenciana (RTVV). El coste para la empresa rondaría los 30 millones en salarios de tramitación, más 50 si hay que indeminzarlos con 45 días. La Generalitat teme que ocurra y ha advertido que, en tal caso, se planteará cerrar RTVV.
