El exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla y las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such -los tres son ahora diputados autonómicos del Grupo Popular- serán juzgados, probablemente este año, por presunta prevaricación en las adjudicaciones del pabellón valenciano en la feria Fitur a Orange Market, perteneciente a la trama Gürtel, entre los años 2005 y 2009. Se trata de la pieza 3 -de un total de cinco abiertas- de la rama valenciana del caso Gürtel.
El fiscal pide para Martínez, que también es alcaldesa de Novelda (Alicante), 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación; para Such, 9 años de inhabilitación, y para Rambla no formula acusación, aunque el instructor mantiene la imputación porque el PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular, pide para él un año de cárcel y 16 de inhabilitación.
Junto a los tres diputados están procesadas otras 13 personas, entre ellas los presuntos cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes-, que se enfrentan a penas de entre 11 y 6 años de cárcel, y el exjefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, para quien el fiscal pide 11 años de prisión. Betoret ya fue condenado en el caso de los trajes, al admitir su culpa.
La apertura de juicio oral o la remota posibilidad del sobreseimiento es el único trámite que le queda al juez instructor, José Ceres, tras el auto emitido este martes por la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que rechazó un total de 14 recursos contra el auto de procesamiento. La ley no fija ningún plazo para que el magistrado abra juicio oral.
La decisión del juez obligará a actuar al presidente valenciano, Alberto Fabra, si los diputados se niegan a dimitir. Fabra se comprometió a expulsar del Grupo Popular al diputado y exconsejero Rafael Blasco, imputado en el caso Cooperación, cuando se le abra juicio oral, pero no se ha mostrado tan contundente con los otros ocho imputados del Grupo.
La Fiscalía exculpa al exvicepresidente Rambla
