La política de "tolerancia cero con la corrupción" que Alberto Fabra inició a principios de 2012 ha sido un camino lleno de baches que ha encontrado un escollo puede que insalvable. El veterano político Rafael Blasco, supuesto cabecilla del peor de los desfalcos imaginables, el de fondos públicos destinados al Tercer Mundo, se niega a dimitir tras ser acusado por la propia Abogacía de la Generalitat, que el pasado martes pidió para él 11 años y medio de prisión.
Se niega a dimitir y a dejar el Grupo, y Fabra no lo puede echar, ya que no controla su propio grupo parlamentario.
El Grupo Popular en las Cortes valencianas tiene 55 diputados, de los que nueve están imputados en diferentes casos de corrupción. A ellos podrían sumarse en las próximas semanas dos más, Francisco Camps y Rita Barberá, si el Tribunal Superior de Justicia coincide con el criterio del instructor del 'caso Nóos', José Castro, que considera que cometieron varios delitos al acordar contratos con Urdangarin y ha enviado a este tribunal la parte valenciana del caso.
Si formaran un grupo propio, sería el tercero de la Cámara, detrás del Socialista (33 diputados) y por delante de Compromís (6) y Esquerra Unida (5). Por ello, la expulsión de estos diputados nunca se planteó en la política de "tolerancia cero", ya que el Grupo Popular quedaría por debajo de la mayoría absoluta (50).
Fabra destituyó a todos los altos cargos de la Generalitat imputados, pero no tocó a los diputados, con la excusa de que el escaño es del parlamentario, según dejó sentado el Constitucional. También hizo excepciones con los alcaldes imputados, como los de Alicante y Castellón, a quienes no ha pedido que renuncien al cargo.
Regalo de Camps
La mayoría de los imputados ya lo estaban cuando el exlíder del PPCV, Francisco Camps, elaboró, a punto de sentarse él mismo en el banquillo, la lista para las elecciones de mayo de 2011, que dos meses después heredó Fabra.Además de los nueve imputados actuales, cuatro diputados populares han sido ya juzgados en lo que llevamos de legislatura.
Se trata de Camps y Ricardo Costa, absueltos en el caso de los trajes; Jorge Bellver, exconcejal de Urbanismo de Valencia y actual portavoz del Grupo, absuelto de un caso de presunta prevaricación por autorizar un parking junto a un entorno protegido, y Pedro Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, que dejó el escaño el pasado mes de noviembre tras ser condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por prevaricación.
El problema es Blasco
Con todo, el mayor problema de Fabra no son los nueve imputados, que pertenecen a distintas tendencias. Su problema se llama Rafael Blasco Castany, 68 años, 50 de ellos en política. Blasco, de pasado comunista y socialista, fue destituido como consejero del Gobierno de Joan Lerma (PSOE) en 1989 por otro caso de corrupción, que fue archivado tras anularse unas grabaciones.
En 1995 se unió a Eduardo Zaplana poco antes de su victoria electoral y ocupó cinco carteras con Zaplana, Olivas y Camps, hasta que en 2011 fue nombrado portavoz del Grupo Popular con derecho a asistir a las reuniones del Ejecutivo. La Abogacía de la Generalitat sospecha que, al menos desde 2002, dio a la trama del caso Cooperación contratos de las consejerías que ocupó.
Fabra ha marcado una raya, que es la apertura de juicio oral, y ha advertido a Blasco de que le expulsará cuando esto ocurra. ¿Y si no quiere irse? Tendría que producirse una votación en el grupo, que nadie sabe cómo acabaría. Blasco cuenta con apoyos en el grupo que dirigía y en el partido.
El más significado el del líder provincial del PP en Valencia y presidente de la Diputación, Alfonso Rus, también diputado en la Cortes. La fuerza de Fabra tiene agujeros sobre todo en Valencia y Alicante. Mientras, Génova mira para otro lado y su relación con el enlace valenciano en el Gobierno, el ministro García-Margallo, empieza a fallar.
Entidades
Pons orgulloso de Camps y Barberá