La Generalitat valenciana ha solicitado una pena de 11 años y medio de prisión para el diputado del PP y exconseller de Solidaridad Rafael Blasco por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, en la pieza del caso Cooperación relativa a las ayudas a la Fundación Cyes, según consta en su escrito de calificación provisional.
A pesar de que la Abogacía de la Generalitat considera que Blasco participó en el desvío de fondos públicos destinados al Tercer Mundo y de que el Ejecutivo autonómico está presidido por el popular Alberto Fabra, el Grupo Popular en la Cortes valencianas decidió este martes no apartar al diputado hasta que la magistrada instructora no dicte la apertura de juicio oral.
La resolución de la jueza Pía Calderón se producirá probablemente en las próximas semanas, una vez recibidos los escritos de calificacion de las partes.
Calderón, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dividido el caso Cooperación en dos piezas: en la primera se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes; y en la segunda, un supuesto desvío de fondos en favor de una trama del entorno de Blasco entre 2009 y 2011.
La petición de la Generalitat no es la más alta que ha recibido la jueza, ya que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia solicita 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el diputado del PP, y el PSPV-PSOE solicita 15 años de prisión y 30 de inhabilitación.
La oposición en las Cortes -PSPV, EUPV y Compromís- ha solicitado al PP que expulse del grupo parlamentario a Rafael Blasco, después de conocerse las calificaciones provisionales, pero el portavoz parlamentario popular, Jorge Bellver, les ha respondido que los tiempos para tomar decisiones "los marca el presidente Fabra y la jueza".
