El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la aprobación provisional de plan parcial de Rabasa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006 a una empresa del empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, y deja sin efecto también la posterior aprobación del mismo planeamiento urbanístico concedida por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009.
En dos sentencias del 30 de abril, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV estima los recursos interpuestos por la empresa Tejas Cobert (Gupo Uralita) y por dos particulares y ordena anular la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, que en mayo de 2009 aprobó la Homologación y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa de Alicante.
Igualmente, deja sin efecto el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006, por el cual se aprobó provisionalmente la homologación, el plan parcial y el plan de actuación integrada (PAI) adjudicado la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, propiedad del empresario Enrique Ortiz, que contemplaba la construcción de 13.000 viviendas, además de un centro comercial promovido por Ikea.
La sala cree que se vulneró la Ley de Contratos de la Administración del Estado por falta de publicidad del instrumento de adjudicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, el mismo argumento por el que recientemente anuló Plan Parcial Marina d'Or Golf en Cabanes (Castellón).
Además, constata que el plan alicantino tampoco cuentas con los recursos hídricos garantizados con un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que es imprescindible, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo reiterada ya en numerosas sentencias, entre ellas una reciente que anuló el Plan Nou Mil.leni en Catarroja (Valencia), promovido por Llanera.
Una de las sentencias tiene sendos votos particulares de dos de los cinco magistrados del tribunal, y la otra, el voto particular de uno de ellos. Estos votos se decantan por rechazar los recursos presentados.
Sospechas de corrupción sobre el plan
El fallo, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, supone un varapalo para Enrique Ortiz, principal promotor de Alicante y propietario del Hércules CF. Ortiz está imputado en los casos Brugal y Gürtel.
Además, la Audiencia Provincial de Alicante ordenó hace 15 días reabrir una investigación por presuntas irregularidades en la tramitación urbanística del Plan Rabasa y la implantación de Ikea, que fue archivada en mayo de 2008 y recurrida por Fiscalía, al haber salido a la luz informes policiales y escuchas telefónicas del caso Brugal que podrían confirmar las sospechas sobre connivencias entre Ortiz, el Consistorio que dirige Sonia Castedo e Ikea.
El TSJ anula el Plan Marina d'Or Golf