La indemnización de 80 millones de euros a Concesiones Aeroportuarias (Conaer), exconcesionaria del aeropuerto de Castellón, no entrará en plan de pago a proveedores que el Gobierno va a poner en marcha, a pesar de que así lo habían pactado la Generalitat y Conaer en un acuerdo extrajudicial avalado por un informe jurídico de Garrigues.
El motivo, que el interventor general de la Administración autonómica lo ha vetado.
Según explicó este viernes el vicepresidente valenciano, José Císcar, el interventor considera que estas obligaciones de pago no son facturas "sino un acuerdo extrajudicial alcanzado entre las partes", por lo que según la normativa no pueden entrar dentro del plan de pago a proveedores, que contempla obligaciones de pago líquidas y exigibles con anterioridad al 1 enero 2012. "Dado que ese acuerdo extrajudicial se produce con posterioridad, no tendría cabida en ese plan de pagos", añadió.
Malestar en Conaer
La negativa del interventor causó malestar en Conaer, según fuentes cercanas a la empresa, que aseguran que Globalvía, su principal accionista, había consultado con el Ministerio de Hacienda y había obtenido su visto bueno verbal. El bloqueo del acuerdo aboca a las partes al pleito judicial, cuya vista se celebrará en las próximas semanas.
Conaer demandó a la empresa pública Aerocas tras la rescisión unilateral del contrato de concesión, en diciembre de 2011, y le exigió que le pagara toda la inversión en el aeropuerto, unos 126 millones, de los que hay que descontar 46 correspondientes a un préstamo de la empresa pública Aerocas a Conaer, que quedaría cancelado.
El acuerdo, por tanto, es que Conaer, que está en concurso, reciba 80 millones, con los que devolvería un préstamo sindicado de 34 millones. Sin embargo, el coste para la Generalitat serán los 126, ya que el préstamo de Aerocas se cancelará.
Dos años en un callejón sin salida
