La falta de previsión legal en la regulación de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha causado un grave problema a la empresa Patrimonios de Levante y a los 29 adjudicatarios de viviendas de protección oficial (VPO) de la promoción M26, en Torrent (Valencia).
Las obras están acabadas y los pisos para entregar desde enero, pero no pueden firmar la compraventa. Mejor dicho, sí pueden, pero perderían todas la ayudas.
El problema es que la normativa de las VPO exige que el comprador se subrogue en el préstamo del promotor. Dado que la Sareb no es un banco, los compradores de sus pisos no se pueden subrogar y tienen que pedir un nuevo préstamo, cosa que para los de VPO significaría la pérdida de la ayuda estatal.
En la M26, el préstamo era de Bankia, que cumplió el Real Decreto 1559/2012, que obligaba a los bancos nacionalizados -BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia- a traspasar a la Sareb los préstamos inmobiliarios superiores a 250.000 euros. La norma no contenía ninguna previsión sobre vivienda protegida, por lo que el problema se repetirá en todas las VPO traspasadas a la Sareb, cuando vayan a venderse.
"Se me ha modificado el contrato unilateralmente y se me ha perjudicado", se queja José Vicente Roig, administrador de Patrimonios de Levante, que terminó las obras en enero y sigue pagando los intereses al no ser posible la subrogación.
Roig envió un burofax a Bankia exigiendo una solución y pidió que interviniesen el Ministerio de Economía, la Generalitat o la Sareb, sin resultados. "Estoy totalmente desesperado, he cumplido con la ley, he cumplido con los clientes, tengo los pisos y los compradores y no puedo ir al notario", se queja.
Previnieron a Bankia
La promoción consta de 62 viviendas de entre 94.000 y 160.000 euros cada una. De ellas, 29 están adjudicadas, con las entregas a cuenta y el IVA pagados, a la espera de la firma.
La empresa municipal Nous Espais de Torrent, que vendió el solar al promotor y sorteó y adjudicó los pisos, está ayudando a la promotora a buscar una solución. El secretario del consejo de administración, Francisco Nemesio, afirma, molesto con la entidad, que "desde noviembre había conversaciones con Bankia para ver qué pasaba con estos pisos, y de pronto nos enteramos que los habían transmitido a la Sareb".
Fuentes internas de Bankia aseguran que advirtieron de que esto iba a pasar, pero que se traspasaron porque así lo establecía el decreto. Una portavoz de la entidad asegura a elEconomista que "se está intentando buscar una solución", la misma respuesta que dan en la Sareb.
Tanto Nous Espais como el promotor proponen, como solución, que esta sociedad privatizada haga a los compradores de VPO un descuento de en torno al 20 por ciento, equivalente a la ayuda y a la subvención de intereses del Estado que dejarán de percibir al cancelar el préstamo.
Quita, reforma legal o devolución
Fuentes no oficiales de Bankia sostienen que el Ministerio de Economía estudia hacer una modificación legal que introduciría una excepción a la normativa de las VPO para permitir la cancelación del préstamo sin penalización. Una posibilidad que el Ministerio no ha confirmado, a preguntas de elEconomista.
Otra solución sería la quita que propone el promotor, que ahorraría dinero al Estado, y una tercera, que la Sareb devuelva las VPO a Bankia y al resto de entidades.
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