El complejo cinematográfico Ciudad de la Luz debería devolver a la Generalitat mucho más de los 265 millones de euros que la Comisión Europea anunció hace casi un año que le impuso como sanción, según la Decisión firmada por el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia.
El texto publicado la semana pasada por el Diario Oficial de la Unión Europea especifica que a los 265 millones que la empresa pública Ciudad de la Luz debe devolver a la Generalitat, por considerarse ayudas ilegales para su construcción y puesta en marcha, hay que sumar los intereses desde que se dio cada ayuda, lo que supone varias decenas de millones más, así como "todo incentivo otorgado a productores cinematográficos bajo la condición de que el rodaje tenga lugar en Ciudad de la Luz".
Por otro lado, la Decisión ordena cancelar "todos los pagos pendientes", sin aclarar qué pasa con los 25 millones adicionales que Ciudad de la Luz recibió en 2011. La Decisión de la Comisión está recurrida, pero hay pocas esperanzas de que prospere.
En cualquier caso, la cantidad final tiene poca importancia, según fuentes de la Generalitat, porque la devolución de ese dinero es imposible, al estar la empresa en quiebra, con 48,5 millones de patrimonio neto negativo al acabar 2011.
Además, no se trata de dinero procedente de fondos europeos que hay que retornar, en cuyo caso se haría cargo la Generalitat como propietaria de la empresa, sino de ayuda que Ciudad de la Luz tiene que devolver a la que en estos momentos es su única fuente de ingresos.
La propuesta del Ejecutivo de Alberto Fabra al departamento de Almunia es vender Ciudad de la Luz al mejor postor y que el precio que se consiga se considere suficiente para deshacer la "ventaja económica selectiva" que la subvención dio al complejo alicantino, según la resolución. Es decir, que con la venta se dé por cumplido el castigo de Bruselas.
El proceso de venta se había iniciado a finales de 2011 y se paralizó cuando se conoció la sanción, ya que obligaba a poner un precio de al menos 265 millones, muy superior al que los interesados estaban dispuestos a pagar.
Posible subasta
Fuentes de la Generalitat aseguran que esta solución está "hablada" con la Comisión, que supervisará el proceso de venta y tendrá la última palabra. La tarea se ha encargado a la comisión de venta de empresas públicas creada en enero, que preside José Císcar, vicepresidente del Ejecutivo.
Fuentes del sector hablan de una posible subasta, pero en la Generalitat lo califican de "venta ordenada" a un grupo del sector cinematográfico que, además de proporcionar ingresos, tenga un plan industrial para que el complejo cumpla la función para el que fue concebido.
El anterior proceso de venta, gestionado por la consultora Ambers, estudió ofertas de sendos grupos internacionales encabezados por la productora valenciana Trivisión y por José Luis García Berlanga, hijo del director Luis García Berlanga, uno de los impulsores del complejo.
Antes de la venta, la Generalitat debe solucionar la disputa judicial que mantiene con Producciones Aguamarga, a la que rescindió el contrato de gestión que tenía hasta 2014 y que le pide 6 millones de indemnización. El juicio está fijado para finales de abril.
Las productoras no tienen que devolver
Si hay una cosa que la Generalitat tiene clara es que las productoras que recibieron ayudas para rodar en la Comunidad Valenciana "no tienen que devolver nada", ya que ha convencido a la Comisión de que esas subvenciones no conllevaban la obligación de trabajar en el complejo, sino de promocionarlo.
Informes sin firma
La Comisión Europea detalla en su Decisión la investigación sobre las ayudas a Ciudad de la Luz, donde revela cómo las autoridades españolas presentaron seis informes de valoración de terrenos que "carecen de fiabilidad", entre otras razones porque la tasadora Euroval no los firmó ni selló, es decir, que "no existe prueba alguna de que la entidad asume responsabilidad sobre las valoraciones".
La Comisión descalifica cada apartado de las tasaciones, infladas para aparentar que Ciudad de la Luz tenía posibilidades de aumentar su rentabilidad mediante el desarrollo de sendas zonas hotelera y de oficinas anejas al complejo cinematográfico.
Así, critica, a veces con sorna, que se utilice como precio de referencia para las oficinas el de las zonas más caras de Alicante, cuando el complejo está fuera de la ciudad, junto a un polígono industrial; el uso de un deflactor inadecuado; que las parcelas de oficinas y hotelera, contiguas, tengan una diferencia de valoración del 300 por ciento y, lo que más sorprende, que el autor reconozca que, dado que las tasaciones no son para vender los terrenos, tiene libertad para saltarse la legislación española de valoraciones con "los ajustes e hipótesis de cálculo que considere más adecuados a la finalidad perseguida". "No resulta extraño, por tanto, que Euroval no asuma oficialmente responsabilidad alguna sobre sus seis informes", concluye la Comisión.
El organismo europeo descalifica también los informes aportados por España firmados por la consultora LECG, absorbida en 2011 por FTI. Del último señala que "carece de rigor metodológico" y "realiza una serie de afirmaciones de gran calado que, en el mejor de los casos, carecen de fundamento".
