Comunidad Valenciana

La Generalitat recorta la subvención a la nueva RTVV para liquidar la vieja

  • Habla de un "faltante" de 1,7 millones en Ràdio 9

La nueva Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tendrá 1,7 millones de euros menos de financiación en 2013, cantidad que se ha destinado a completar la liquidación de la empresa Radio Autonomía Valenciana (RAV), que gestiona Ràdio 9 y que será absorbida por la empresa que hasta ahora gestionaba la televisión pública Canal 9.

Así lo aprobó el Gobierno valenciano el pasado 15 de marzo -y publicó el Diari Oficial este lunes-, después de que el director general del ente RTVV, Alejandro Reig, comunicara la existencia de un "faltante" de 1,7 millones para que RAV pudiera reequilibrar su patrimonio.

Para completar la reconversión del ente RTVV y sus dos empresas filiales en una mercantil, el Consell que preside Alberto Fabra decidió habilitar esos 1,7 millones detrayéndolos de la "financiación" (subvención) prevista en los Presupuestos de la Generalitat para la nueva RTVV, que era de 68 millones.

Tras el recorte, el presupuesto queda en 66,3 millones, que será la cantidad que RTVV y la Generalitat podrán incluir como subvención pública en el contrato programa que tienen previsto firmar en abril.

El consejo de administración del ente aprueba este lunes la fusión por absorción de las empresas que gestionan Canal 9 y Ràdio 9, que formarán una mercantil denominada Radiotelevisión Valenciana, cuya directora general será Rosa Vidal.

1.525 millones en pérdidas

Como publicó elEconomista el pasado viernes, la reconversión del viejo ente y el deseo de la Generalitat de que la nueva RTVV nazca sin deudas ha llevado al Consell a reducir el capital de las empresas en un total de 1.525 millones, con el fin de absorber las pérdidas acumuladas.

Además, dado que desde el año 2000 estas pérdidas se compensaban mediante ampliaciones de capital financiadas con préstamos bancarios, unos 1.300 millones de deuda han sido transferidos a la Generalitat, por lo que las generaciones presentes y futuras deberán sufragar el funcionamiento de la televisión pública de los últimos años.

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