Hace hoy dos años, Francisco Camps y Carlos Fabra inauguraban el aeropuerto de Castellón, dos días antes de que entrara en vigor la prohibición de este tipo de actos en la precampaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Elecciones que Camps ganó -dimitió dos meses después- y a las que el entonces presidente de la Diputación Provincial no se presentó, reservándose la presidencia de la empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), de la que dimitió el pasado viernes tras dictar el juez del caso Fabra la apertura de juicio oral contra él.
Procesados y dimitidos los protagonistas de aquella fiesta, la suerte del aeródromo castellonense no ha sido mejor. Las prisas por inaugurarlo y las declaraciones de Carlos Fabra aquel día, anunciando que "en dos meses" tendría aviones despegando o que era "un aeropuerto para las personas", que "podrían caminar por las pistas", convirtieron una infraestructura tan discutible como otras muchas en un hazmerreír y el símbolo del despilfarro valenciano y español.
Dos años después, las autoridades de aviación civil dan esperanzas de que los permisos para volar llegarán después del verano, sin que la Generalitat haya logrado resolver el problema de quién gestionará el aeropuerto. Un problema que surgió a finales de 2011, cuando un contencioso entre Aerocas y la empresa Concesiones Aeroportuarias (Conaer), la filial de Globalvía que había construido y debía explotar el aeropuerto, acabó con la rescisión del contrato de concesión por parte de la empresa pública, que asumió el papel de gestora.
Conaer demandó a Aerocas y le exigió 126,4 millones más IVA o, de manera subsidiaria, 111,4 millones más IVA, y otros 20,7 millones por daños y perjuicios. Al no llegar a un acuerdo y prolongarse los pleitos judiciales, la filial de Globalvía -empresa controlada por FCC y Bankia- entró en concurso voluntario de acreedores con un pasivo de unos 90 millones. No obstante, la mitad no es exigible, ya que corresponde a un préstamo concedido por Aerocas que se cancelará cuando la empresa pública le indemnice.
Otros 34 millones son de un préstamo de un grupo de bancos encabezados por Santander y 8,5 millones los debe a las constructoras FCC y Lubasa. Además, los accionistas de Conaer aportaron 33 millones de capital. Si el juez ordena indemnizarle, como es previsible, lo lógico es que Aerocas pague los 33 millones del capital y los 8,5 a las constructoras y se subrogue en el préstamo sindicado. El otro ya es suya.
Posible quita
Sin embargo, las arcas de la Generalitat están tan vacías que le costaría habilitar esos 41 millones. Esta es una de la razones por las que busca con ahínco un comprador que asuma la indemnización, al que podría ofrecer una quita en el préstamo de 46 millones que Aerocas dio a la concesionaria, en el que también debería subrogarse.
La otra razón para buscar un comprador es que Aerocas no es un gestor de aeropuertos, aunque lleve 15 meses ejerciendo como tal, buscando clientes y contratando servicios que exige Aviación Civil, como la gestión de la torre de control o el control de fauna con halcones.
¿Operará este año el aeropuerto de Castellón?
