La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Valencia, Laura Alabau, ha anulado el aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la fundación del Valencia CF para un préstamos de Bancaja -ahora Bankia- con el que compró la mayoría de las acciones del club.
El IVF avaló a la Fundación VCF en el préstamo de 75 millones euros otorgado por Bancaja para concurrir a la ampliación de capital del club en agosto de 2009. El préstamo y el aval se ampliaron en 6 millones en 2010 al no poder pagar la Fundación los intereses.
El recurso contra el aval lo interpusieron dos accionistas, Luis Salvador Molina y Sandro García Cerceva, a través de la asociación Ausbanc, al considerar que discriminaba a los pequeños accionistas y que adolecía de defectos de forma al haber prescindido del procedimiento legalmente establecido, que obliga a pedir autorización a la Comisión Europea para prestar estas ayudas.
La magistrada les da la razón y afirma en su sentencia que el IVF "avaló una operación de compra por parte de la fundación del Valencia Club de Fútbol en detrimento de otros socios".
Además, afirma que el IVF vulneró la normativa europea al no someter a las autoridades comunitarias lo que considera sin ninguna duda que es una ayuda, así como la propia normativa del organismo de la Generalitat para la concesión de avales, saltándose procedimientos y excediendo el riesgo que podía asumir el Instituto, según sus estatutos.
Por otro lado, revela que el IVF firmó el aval sin contraprestación, aunque tres meses después estableció una comisión de la que solo cobró dos anualidades. En 2011 y 2012, la Fundación VCF dejó de pagar al Instituto 404.000 euros de cada anualidad. "No consta la adopción de medida alguna en relación a estos impagos", afirma la jueza.
Bankia recurrirá
El fallo, contra el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, complica la situación del propietario del Valencia CF, ya que, en teoría, si la Fundación no paga a Bankia sería esta entidad la que podría exigir garantías -no firmadas- para resarcirse con su único patrimonio, que son las acciones. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha recordado que, de momento, la propietaria del 70 por ciento de las acciones sigue siendo la Fundación, que está al corriente de pago.
Bankia es, en teoría, un actor de buena fe en la operación, perjudicada en un proceso en el que no se le ha dado oportunidad de participar por parte de la magistrada. Fuentes de Bankia han confirmado que no se dio traslado de la demanda a la entidad, y diversos abogados consultados por elEconomista coinciden en que el proceso es fácilmente anulable por este "error" de la jueza Alabau.
El pasado mes de febrero, la Generalitat pagó a Bankia, a través del IVF, los 4,86 millones de euros correspondientes a los intereses de la deuda que la Fundación VCF mantiene con la entidad bancaria a raíz de ese crédito.
Ese pago vencía en agosto, pero se prorrogó hasta final de noviembre y, después, las partes se dieron de plazo hasta el 31 de enero para encontrar una solución. No obstante, finalmente la Fundación VCF comunicó la imposibilidad de hacer frente ese pago y la negociación con Bankia se trasladó a la Generalitat, como avalista de ese préstamo.
Engañó a la Comisión Europea
La Comisión Europea recibió también la denuncia de los dos accionistas e investigó, pero archivó el caso de forma provisional porque los denunciantes se equivocaron al afirmar que la Generalitat había prestado ayudas "al Valencia Club de Fútbol SAD", cuando la realidad es que las ayudas eran a la Fundación Valencia CF, su propietaria.
La Conselleria de Economía respondió a la CE que el IVF no había prestado "aval alguno en beneficio del Valencia CF SAD" ni le constaba que la Generalitat lo hubiera hecho "en beneficio del Valencia Club de Fútbol SAD", afirmación que, según dice la magistrada en la sentencia, "sin llegar a faltar a la verdad, la oculta al no aclarar tan obvio malentendido".
Bankia recuerda que la dueña es la Fundación
