El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado Nacional de Valores (CNMV) Julio Segura no compareció este lunes ante la Comisión de Investigación constituida en las Corts valencianas sobre la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Segura, que presidió el organismo regulador de los mercados entre 2007 y 2012, período en el que la CAM salió a bolsa y realizó emisiones de participaciones preferentes, estaba citado para comparecer a mediodía, pero no acudió, lo que provocó la indigación de varios diputados asistentes, como la portavoz de Compromís Mònica Oltra.
La Comisión de Investigación, a propuesta del Partido Polular, acordó apercibir a Segura recordándole su obligación de comparecer, ya que podría incurrir en el delito de desobediencia previsto en el artículo 502.1 del Código Penal. Este artículo dice, textualmente: "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma serán castigados como reos del delito de desobediencia".
El presidente de la Comisión, el popular Rafael Maluenda, explicó que Segura había avisado a última hora, vía correo electrónico, de que no iba a comparecer alegando el mismo motivo que el expresidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es decir, que los miembros de al Administración del Estado no están obligados a comparecer ante comisiones de investigación de parlamentos autonómicos.
El expresidente de la CNMV se escudó en un informe del Consejo de Estado que dijo que fue aprobado el 28 de febrero -no lo aportó- que avalaría la no obligatoriedad de que comparezca ante un parlamento autonómico. Sería un informe en la misma línea que el que envió Ordóñez. Sin embargo, se trata de un dictamen de un órgano consultivo que choca con la literalidad del Código Penal, que no hace excepciones, por lo que serán los tribunales, si las Corts remiten el caso a la Justicia, los que deberán determinar si están obligados o no a comparecer.
Las Corts llevaron la negativa de Fernández Ordóñez y de otros siete ex altos cargos a la Fiscalía por si fueran constitutivas de delito, pero el fiscal archivo el caso, sin entrar en el fondo de la cuestión, porque la institución olvidó apercibirlos de las consecuencias penales de su negativa, requisito inexcusable para que el delito exista.
'Mafo' tampoco acudió
