La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia María del Mar Fernández ha admitido a trámite la demanda de un grupo de accionistas contra la ampliación de capital de 4.500 millones de euros aprobada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en la entidad valenciana y su posterior venta a Caixabank por un euro.
La demanda fue interpuesta por la Plataforma de Afectados del Banco de Valencia, una asociación de reciente constitución formada por accionistas minoritarios y titulares de productos financieros del banco intervenido.
La jueza ha convocado a las partes a una vista, el 13 de marzo, para decidir sobre la petición de anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil. Al día siguiente se celebrará la junta general del banco donde se consumará el traspaso de la gestión a Caixabank mediante el nombramiento de un nuevo consejo de administración en sustitución de los administradores del Frob.
En la providencia, la magistrada señala que, en la vista del 13 de marzo, "la parte actora y la demandada podrán exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran pertinentes".
Denuncia ante el fiscal
La plataforma anunció este martes en un comunicado que antes de la vista convocada por la jueza de lo Mercantil, denunciará ante la Fiscalía al director general del banco, José Antonio Iturriaga, y al resto de administradores que el Frob puso en el Banco de Valencia "por los presuntos delitos de administración fraudulenta, prevaricación, malversación de caudales, apropiación indebida, delitos societarios y falsedad documental". Sostiene que el Frob "en poco más de un año ha liquidado el Banco de Valencia, regalándoselo a Caixabank por un euro tras inyectarle 5.000 millones de euros".
En su comunicado, califica de "injustificables", acciones como "la transmisión y toma de control de los 23 fondos de inversión del Banco de Valencia a la Banca Privada D?Andorra, o la venta muy por debajo de su valor a Banco Madrid de Nordkapp". Además, "denuncia la condonación de avales personales en una multitud de daciones de créditos con perjuicio notable para la entidad, realizando prácticas alejadas de la normativa bancaria y del mínimo respeto a los accionistas".
El Frob ultima siete querellas