Convencido de que su talón de aquiles es el primer sistema de financiación autonómica, de 2001, el Gobierno de Alberto Fabra dirige su estrategia en la negociación de un nuevo modelo a evitar otra revisión como la de 2009, para hacer tabla rasa y aprobar un reparto de la financiación partiendo de cero.
El sistema aprobado bajo el mandato de Aznar, que paradójicamente fue promocionado como modelo Zaplana en la Comunidad Valenciana por ser su presidente quien lo propuso, resultó ser muy perjudicial para las arcas de la Generalitat, al contemplar una financiación de la Sanidad basada en las transferencias aceptadas a finales de los años ochenta, cuando los recursos del Estado eran mucho más limitados.
Además, el modelo tenía unos mecanismos de revisión limitados que impedían reconocer el fuerte aumento de población que experimentaron comunidades como la valenciana, que pasó en menos de una década de cuatro a cinco millones de habitantes. Este millón de habitantes no tuvo financiación hasta que el modelo se revisó.
Por todo ello, según varios estudios que maneja la Generalitat y que conoce el Gobierno, la Comunidad Valenciana estuvo entre 2002 y 2009, junto con Baleares, a la cola de la financiación per cápita. Y en el furgón de cola sigue, aunque sin tanta distancia respecto a la media, según se desprende de las liquidaciones de los años 2010 y 2011, primeras del sistema revisado en 2009.
Revisión insuficiente
Según explica el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, la revisión del modelo no solucionó el problema de la Comunidad Valenciana porque lo que se hizo fue añadir 11.000 millones al sistema de reparto anterior, para corregir, solo con ese 10 por ciento adicional, todas las deficiencias. Además, no se repartió según criterios de población puros, ya que se introdujeron variables como la insularidad, la dispersión de la población o su edad.
Esto es lo que no desea que vuelva a ocurrir el Ejecutivo de Fabra con la nueva negociación, que el Gobierno prometió que se iniciaría este año en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que entrase en vigor en 2014.
No cumplirá el objetivo de déficit
