El Gobierno valenciano aprovechó al máximo los 4.354 millones de euros que el Gobierno le concedió en el plan de pagos a proveedores, el pasado mes de junio, ya que parte de esos fondos sirvieron, sin coste adicional para la Generalitat, para capitalizar las empresas públicas que estaban en supuesto de disolución o que necesitaban reforzar su fondos propios.
Así lo explicó este miércoles el secretario autonómico del Sector Público Empresarial, Bruno Broseta, tras intervenir en la jornada La racionalización del sector público en la Comunidad Valenciana: retos y oportunidades, organizada en Valencia por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD Zona Levante), en colaboración con everis y Garrigues.
Según Broseta, en el plan de pagos la Comunidad Valenciana incluyó facturas de empresas públicas por valor de 1.120 millones, facturas que al aportarse al plan pasaban a ser soportadas por la Generalitat, que es la que firmó con los bancos. Las empresas seguían debiendo esa cantidad, pero no a los proveedores, sino a la propia Generalitat.
A partir de ahí, y en función de las necesidades de cada empresa, la Generalitat empleó la ingeniería financiera para capitalizar deuda y realizar varias operaciones acordeón que supusieron un saneamiento de las sociedades.
Broseta recalcó que las operaciones fueron "neutras" tanto desde el punto de vista del déficit como de la deuda de la Generalitat, ya que solo se incluyeron empresas -una veintena- cuya deuda consolida con la de la Administración autonómica (las llamadas SEC 95), que son todas excepto Vaersa, Sepiva y Cacsa. Tampoco se incluyó a Radiotelevisión Valenciana (RTVV).
En su intervención durante la jornada organizada por APD, Broseta explicó la reestructuración del sector público empresarial valenciano y señaló la necesidad de reestructurar el sistema público con un enfoque empresarial, con la vista puesta en el mantenimiento de los servicios mediante una gestión óptima y eficiente y una "intensificación de la colaboración público-privada".
Broseta explicó el nuevo mapa de entes públicos tras la reducción del número de empresas públicas y fundaciones, que han visto aminorado su presupuesto en 1.000 millones y que verán recortado su gastos en personal entre un 40 y un 50 por ciento sobre un total de 7.555 empleados.
