La Fiscalía ha pedido penas de prisión para miembros de importantes grupos empresariales valencianos que en el año 2000 crearon la empresa de telecomunicaciones Metrored, con la que les acusa de haber defraudado a Hacienda 7,76 millones de euros.
Entre los imputados están quienes, en el consejo de administración de Metrored, representaban a accionistas como la constructora Cleop, la citrícola Martinavarro, la inmobiliaria Ballester, la azulejera Keraben y Unión de Valores, de la familia Aznar, propietaria de la textil Marie Claire y segunda accionista del Banco de Valencia hasta su intervención. También el banco era accionista.
La mayoría son miembros de la segunda generación, como José Luis Martinavarro, Rafael Benavent Estrems, Reyes Ballester y Ana Patricia Barreda Aznar, aunque también está el presidente de Cleop, Carlos Turró.
Entre los acusados se encuentra también el exconsejero valenciano de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, que fue consejero delegado de Metrored durante seis meses. Curiosamente, fue justo después de salir de prisión tras cumplir tres meses de los cuatro años de cárcel a los que fue condenado por apropiarse de dinero donado por una congregación religiosa cuando era alcalde de Orihuela (Alicante).
Según publicó el diario Levante, el fiscal sostiene que Metrored emitió facturas sin IVA a clientes que simulaban estar domiciliados en Canarias, teniendo pleno conocimiento la empresa valenciana de que eran de la Península y Baleares. Además, Metrored simuló a través de una filial que prestaba servicios desde Canarias cuando en realidad estaba en una zona que no estaba exenta del impuesto.
El presunto fraude fiscal se habría cometido entre 2005 y 2008 con el apoyo de las empresas Dania Servicios Tecnológicos y Vogayer Tecnológica. Las tres fueron liquidadas en 2011, tras entrar en concurso.
Carlos Turró confirmó a elEconomista que el fiscal pide para cada imputado -son un total de 16- cuatro años de cárcel por cada año de presunta defraudación y un total de 46 millones de multa, y que el caso está recurrido por las defensas ante la Audiencia Provincial de Valencia.
