Caixa Ontinyent mejoró en los primeros cinco meses del año un 27,2 por ciento su beneficio antes de dotaciones y saneamientos, pero destinó el 84 por ciento de este resultado al cumplimiento del plan de medidas adoptado como consecuencia de la nueva legislación sobre saneamiento de activos inmobiliarios.
Así lo explicó a la asamblea general, celebrada este martes, el presidente de la entidad valenciana, Rafael Soriano, quien señaló que "2012 será un ejercicio para equilibrar balances, realizar saneamientos y gestionar la morosidad y la cartera inmobiliaria", según un comunicado emitido por Caixa Ontinyent.
A 31 de mayo, el volumen de negocio se situó en 1.775 millones de euros, con incremento del 2,58 por ciento respecto a diciembre; la morosidad se sitúa en el 6,08 por ciento, con cobertura del 73,75 por ciento, y el beneficio antes de dotaciones y saneamientos fue de 3,8 millones, un 27,16 por ciento superior al mismo periodo de 2011.
De ellos, 3,2 millones se destinaron a las citadas dotaciones previstas por los nuevos decretos. Según Soriano, estas cifras "responden a las previsiones y mejoran notablemente la media del sector".
La asamblea aprobó los resultados de 2011, que antes de dotaciones se cifraban en 6,8 millones, de los que se destinaron 5,7 millones a provisiones "con el fin de cumplir el plan de la entidad para cumplir las normas sobre saneamiento del sector financiero". Así, tras el pago de impuestos, el beneficio neto quedó en 970.000 euros, y el core capital en el 10,39 por ciento.
Cambio de estatutos
La asamblea general también aprobó la modificación parcial de los estatutos y del reglamento electoral, con el fin de adaptarlos a la modificación de la ley valenciana de cajas de ahorros.
En síntesis, estas modificaciones suponen limitar el importe máximo de las dietas percibidas por los miembros de los órganos de gobierno, suprimir la limitación de periodos de mandato en los órganos de gobierno, establecer el principio de proporcionalidad política en la designación de consejeros generales representantes de la Generalitat y de las corporaciones municipales e incorporar normas de transparencia en cuanto a política retributiva de consejeros y directivos.
La asamblea ya aprobó en diciembre el mantenimiento del estatus de caja de ahorros sin capital privado, no trasvasar su actividad a ningún banco y reducir al mínimo el número de miembros de cada órgano de gobierno.
Así, la asamblea general pasará de 72 a 51 miembros; el consejo de administración, de 14 a 10 miembros, y la comisión de control de 8 a 5 miembros.
