El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha denunciado a la antigua cúpula del Banco de Valencia ante la Audiencia Nacional por la existencia de indicios de delito cuya gravedad exige su "inmediata actuación", obviando que un juzgado de Valencia, el de instrucción número 3, ya investigaba la actuación de esos directivos, a los que había citado como imputados.
Si ambos juzgados reclamaran para sí la causa podría producirse un conflicto jurisdiccional que tendría que resolver el Tribunal Supremo y que retrasaría la instrucción.
La denuncia del Frob se ha conocido al responder los administradores al juzgado de instrucción número 3 de Valencia, que le había pedido información al tramitar una querella de pequeños accionistas en la que hay 27 imputados, entre ellos el expresidente José Luis Olivas.
En lugar de enviar la información solicitada, el Frob le respondió el pasado 5 de junio que sus administradores detectaron posibles delitos que eran competencia de la Audiencia Nacional "por su naturaleza y número de posibles afectados, condición de cotizada del Banco de Valencia y repercusión en la economía nacional".
El juez ha dado traslado a las partes y al fiscal para que opinen sobre si debe inhibirse en favor de la Audiencia Nacional o debe reclamar a esta el informe pericial del Frob, cuyo contenido no conoce, para continuar la instrucción en Valencia.
La asociación de accionistas Apabankval, que presentó la querella, ha manifestado a elEconomista que ampliará la querella con nuevos datos y pedirá que la causa se quede en Valencia. Según el abogado de la asociación, Diego Muñoz Cobo, la denuncia del Frob "es un error, porque no le corresponde decir qué juzgado es competente, sino entregar lo que el juez le ha pedido" para que, en su caso, él decida si se inhibe o no tras escuchar a las partes y al fiscal.
