El Gobierno valenciano ha aprobado este viernes un plan de control del absentismo del personal dependiente de la Administración autonómica -126.386 trabajadores-, que incluye la transferencia a las mutuas de la gestión y cobertura de las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Así, un trabajador que sufra un accidente laboral "ya no acudirá a su médico de cabecera, sino que será atendido en la mutua correspondiente", según explicó el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, al término de la reunión del Ejecutivo.
Para ello, la Generalitat adjudicará a una empresa concreta esta tarea de control, que antes realizaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Císcar aseguró que esto no supondrá un coste adicional para la Generalitat porque el dinero que se aportaba a la Seguridad Social se destinarán a la mutua adjudicataria. El Consell prevé que este modelo esté en funcionamiento entre enero y febrero del año que viene.
El plan de control del absentismo tiene como objetivo reducir en medio punto anual el índice de ausencias por incapacidad temporal durante los próximos cuatro años, lo que supondrá un ahorro de 18,3 millones de euros al año.
Las acciones de este plan comenzarán a aplicarse a partir del próximo lunes con su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y prevé sanciones por ausencias injustificadas. Según Císcar, el objetivo es "igualar de manera progresiva" la tasa de absentismo laboral en la administración pública al sector privado y conseguir que esta sea "más eficaz, eficiente y productiva".
La Generalitat ha definido, "por ser muy amplio", el concepto de absentismo laboral: "Toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo en horas que correspondan a un día laborable, dentro de la jornada real de trabajo".
Así, el plan de absentismo se dirigirá a una media de 126.386 trabajadores por año, distribuido entre personal funcionario laboral, personal sanitario, docente y de justicia al servicio de la Generalitat.
Entre las medidas contempladas en el plan se encuentran la homologación de los permisos y licencias de incapacidad temporal en todos los departamentos de la administración o el descuento "automático" en la nómina del trabajador público de aquellas ausencias que no estén debidamente justificadas desde el primer día, y cuya reiteración podría desembocar en la apertura de un expediente disciplinario en caso de reincidencia por parte de un funcionario. Si es personal laboral, la medida puede llegar al despido.
En este sentido, ha apuntado que las ausencias temporales "injustificadas y excesivas -unas horas al día- puede dar pie a la apertura de un expediente disciplinario". El portavoz del Consell ha apuntado que "habrá que analizar caso por caso".
Más controles de acceso
Císcar ha apuntado que se intensificarán los controles de acceso, mediante la instalación de tornos o el uso de la huella digital en los edificios, de tal modo que queden registradas las entradas y salidas de los trabajadores, aunque ha reiterado que el plan "no está hecho para sancionar porque sí", sino para conseguir una mayor productividad, y que se analizarán las distintas situaciones "caso por caso".
En este sentido, ha indicado que el índice de absentismo temporal en 2010 fue del 5,03 por ciento, frente al 3,36 por ciento del ámbito privado. En 2011 fue del 4,65 por ciento frente al 3,05 por ciento, en los mismos ámbitos. El coste anual de las "jornadas perdidas" lo ha cifrado la administración en 179 millones de euros.
El plan prevé la creación de un Comité Director para elaborar un informe anual de evaluación, informar periódicamente de la evolución del absentismo y aprobar, en su caso, las medidas correctoras y que estará integrado por seis representantes de las consellerias de Hacienda, Economía, Sanidad, Justicia y Empleo. Asimismo, dará cuenta del ahorro generado por esta iniciativa.
A preguntas de los medios de si se ha consultado a los sindicatos este plan, ha explicado que los representantes de los trabajadores pueden aportar sugerencias a esta iniciativa, aunque "no hay obligación legal" de consultarles porque "no afecta a derechos laborales". Más bien, "se refuerza una obligación que ya tienen, que es no tener ausencias injustificadas de su puesto de trabajo".
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