La constructora Romymar se ha declarado en concurso voluntario de acreedores en el juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia al no llegar a un acuerdo con los bancos para refinanciar su deuda, tras haber solicitado el preconcurso el pasado mes de enero.
Previamente, un acreedor había instado el concurso necesario en el juzgado de lo Mercantil número 3, pero no fue admitido, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
Romymar es propiedad de Ramón Romero y su familia, que también posee otras empresas del sector inmobiliario, como General de Terrenos, promotora del complejo hotelero de cinco estrellas La Calderona Spa, Sport & Club Resort, situado en Bétera (Valencia). Romero fue un importante accionista del Valencia Club de Fútbol en los años noventa del pasado siglo y formó parte de su consejo de administración.
La familia Romero negoció recientemente la venta al grupo Posibilitum, propiedad del valenciano Ángel de Cabo, especializado en liquidaciones y conocido por la compra, entre otros, de Marsans y Nueva Rumasa. Fuentes del grupo de De Cabo han confirmado a elEconomista los contactos con representantes de Romymar, que no acabaron en acuerdo. Ningún responsable de Romymar ha atendido las llamadas de este periódico.
El pasado mes de febrero, Romymar destituyó a todo el consejo de administración y lo sustituyó por un administrador único, Ramón Romero. A ese consejo pertenecía desde 2008 el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos.
La compañía está especializada en obra pública, que representa más del 90 por ciento de su facturación, por lo que su futuro es muy complicado, ya que la ley le obliga a resolver los contratos con las administraciones al entrar en concurso. Muchas de sus obras las desarrollaba en UTE con empresas nacionales, como la desaladora de Torrevieja, de 184 millones de euros, que se adjudicó con Acciona, o la del postrasvase Júcar-Vinalopó, de 25 millones, con Saico, que también está en concurso.
Impagos de las administraciones
Al acabar 2010 -último ejercicio con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil-, la empresa tenía una cartera de obras de 208 millones, de los que 105 millones tenían fecha de ejecución a partir de 2012.
Romymar facturó 50,4 millones en 2010, con muchos pagos pendientes de cobro de las administraciones, y obtuvo unos beneficios netos de 0,76 millones. El año anterior había facturado 49 millones y en 2008, más de 65. Su deuda con los bancos al acabar 2010 era de 11 millones, de los que 6 correspondían a factoring y certificaciones endosadas, es decir, que respondía a impagos de las administraciones.
La promotora de La Calderona también era acreedora de Romymar, que le había prestado 1,39 millones. El complejo turístico, propiedad al 50 por ciento de Ramón Romero y su esposa, tuvo que hacer un ERE ese año y, según fuentes del sector, también está pasando dificultades.
