En los últimos años alrededor de 890.000 pymes han sido disueltas. Por ello, el Gobierno valenciano, sabedor de que las pymes y las microempresas son el principal vehículo de creación de empleo -puesto que representan más del 95 por ciento de las empresas-, ha aprobado el Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pymes de la Comunitat Valenciana.
A través del citado Decreto Ley, se ponen en marcha una serie de medidas encaminadas a facilitar e incentivar el desarrollo de las actividades empresariales que pretenden iniciar los emprendedores, destacando la simplificación de los de los procedimientos y la reducción de cargas administrativas; la exención y bonificación de tasas administrativas, así como medidas de apoyo y financiación a los emprendedores.
Entre las novedades fiscales, cabe matizar que todos aquellos sujetos que deseen iniciar su actividad empresarial durante el año 2012 y 2013 estarán exentos del pago de las tasas correspondientes que la Generalitat impone a los emprendedores, pymes y microempresas de la Comunitat Valenciana, siempre que el devengo se produzca dentro del primer año de actividad. Asimismo, si el devengo se produce durante el segundo año de actividad de la empresa, el sujeto pasivo podrá beneficiarse de una bonificación del 50 por ciento.
En lo que concierne a las medidas financieras, destacar que la presente norma admite en su artículo 9 la posibilidad de que las empresas soliciten la compensación de las deudas que mantengan con la Generalitat.
El hecho de haber llegado hasta este punto no es sino un claro síntoma indicativo de la coyuntura económica por la que estamos atravesando, puesto que lo que se pretende con la implantación de esta medida no es otra cosa que compensar las deudas de la Generalitat con el pago de los impuestos. De esta forma, todas aquellas empresas a las cuales la Generalitat adeude una cantidad de dinero podrán compensar parte de esa cantidad mediante los impuestos y tasas que estos deban a la Generalitat.
La compensación de créditos no es una figura nueva en nuestro ordenamiento jurídico, ya que estaba regulada en nuestro Código Civil, en la Ley de Enjuiciar y en el Reglamento General de Recaudación (normativa Estatal), pero en la práctica no se venía desarrollando en gran medida esta forma de pago. Con este Decreto Ley se pretende que la compensación de créditos no se aplique sólo entre privados sino que también se extienda a la relación entre los empresarios con la Administración autonómica.
Obviamente, cabe esperar que esta postura adoptada por el seno del Consell sea recibida positivamente por las empresas puesto que ha sido objeto de reclamación en infinidad de ocasiones.
Con respecto a las medidas de impulso a la financiación de emprendedores cabe subrayar que principalmente están encaminadas a facilitar el acceso al crédito dotando el fondo de provisiones técnicas de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, para crear líneas específicas de avales a emprendedores, microempresas y pymes.
Asimismo, estas medidas permiten la participación pública en fondos de capital riesgo que inviertan en proyectos de emprendedores y empresas en fases iniciales, la creación de instrumentos de capital riesgo y financiación pública o público-privada, en el ámbito del capital semilla, y la creación de líneas de préstamos participativos con financiación pública.
La pregunta que inevitablemente podemos hacernos es si seguirá vigente esta posibilidad de compensar la deuda pública en caso de mejorar la coyuntura económica o, por el contrario desaparecerá en caso de mejora económica. Lamentablemente, todo parece indicar que una vez superada la crisis actual volveremos al régimen anterior en el que la compensación de la deuda pública no se puede aplicar.
Alejandro de Pomés es abogado del despacho Olleros Abogados
