La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha emitido un comunicado en el que "solicita la celebración urgente de elecciones anticipadas" en España, al tiempo que da un "voto de confianza al nuevo Consell de la Generalitat" -no dice una palabra del procesamiento de su presidente, Francisco Camps- para que "sin dilación, adopte las medidas" que, según su opinión, "nuestra economía y nuestra sociedad necesitan".
El comunicado emitido este lunes lleva por título: Ha llegado el momento de la verdad: Elecciones anticipadas y reformas. En él, el lobby de los grandes empresarios valencianos que preside Vicente Boluda afirma que "la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ante la realidad de falta de adopción de decisiones valientes y firmes sobre las reformas que España necesita, y ante la situación de complejidad política y gravedad económica y empresarial en que nos encontramos, solicita la celebración urgente de elecciones anticipadas".
Tras explicar los motivos de esta postura, centrados en el deterioro de la situación económica española y la falta de confianza que genera, reitera que "desde AVE solicitamos la celebración urgente de elecciones generales anticipadas con el objetivo de que el Gobierno de España que salga de las urnas actúe con la claridad, fuerza y premura que la situación y el país requieren".
Respaldo a Camps, sin citarlo
A continuación, el escrito se centra en la situación valenciana para proclamar que "en el plano autonómico, desde AVE damos nuestro voto de confianza al nuevo Consell de la Generalitat y esperamos que, sin dilación, adopte las medidas que nuestra economía y nuestra sociedad necesitan". El texto no hace referencia alguna al presidente Camps, que el pasado viernes conoció que será juzgado acusado de cohecho impropio pasivo.
Algunas de las reformas urgentes que reclama la organización que preside Boluda son recuperación de la cultura del esfuerzo y del trabajo, "estado del bienestar sin Estado del despilfarro" y persecución de la economía sumergida.
El en corto plazo, pide medidas concretas como el "establecimiento de una tasa sanitaria e incremento del co-pago en la educación universitaria, protegiendo a los más desfavorecidos"; la "reorganización de la educación, la sanidad y el sistema de bienestar, con una mejor coordinación de los servicios y mayor implicación de las fuerzas del mercado en la gestión e innovación", es decir, privatización de la gestión en estas áreas, y "abandonar la cultura de la subvención y sustituirla por la de la incentivación de la inversión (empleo, innovación, internacionalización, etc), vía deducciones fiscales".
El comunicado concluye con una frase dirigida a la clase política: "La situación de emergencia que atraviesa la economía y nuestro país, exigen el compromiso, la determinación y una buena comunicación por parte de nuestros políticos".
