Valencia
Sin innovación no hay sostenibilidad, y sin sostenibilidad no hay futuro. Hasta ahí, todos de acuerdo. Pero varias cuestiones flotaban en el salón de actos de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), lugar donde se celebró el IV Foro Industrial Comunitat Valenciana "Innovación y sostenibilidad": ¿A cargo de quién debería correr esta transformación hacia lo sostenible? ¿Qué papel deben jugar las administraciones públicas? ¿Qué mecanismos legales se deberían activar para ayudar en este proceso? En resumen, ¿quién paga esta fiesta?
El papel que deben jugar las administraciones fue uno de los ejes sobre los que pivotó el debate organizado por elEconomista en colaboración con la CEV y con el patrocinio de Ferrovial. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien clausuró el debate, apuntó a una colaboración público-privada "con diálogo, transparencia y estabilidad política".
El dirigente ligó el tema de la jornada con la actualidad política española. "Estaría bien estar un tiempo sin elecciones", añadió. En este sentido, el jefe del Ejecutivo valenciano apeló a la creación de "acuerdos de estado con perspectiva de futuro no cortoplacista", en clara alusión al acuerdo de Gobierno que busca su líder nacional, Pedro Sánchez. Al respecto, citó al literato israelí Amos Oz, quien dijo que "pactar no es traicionar, acordar no es traicionar, es lo contrario, servir a la sociedad".
Puig, centrando la cuestión en la Comunitat Valenciana, explicó que durante los años de la crisis, "el motor del sector privado funcionaba bien, pero el del sector público estaba gripado". En este sentido, Puig reivindicó de nuevo una "financiación justa" para la Comunitat Valenciana que "permita disponer del combustible para ayudar al tejido empresarial", ese que enfrenta ahora el gran reto de implementar la innovación y la sostenibilidad.
"Tenemos grandes retos por delante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) deberían ser la hoja de ruta, una especie de Constitución de obligado cumplimiento que permitiera crecer a la humanidad. El crecimiento será sostenible o no será", añadió el presidente.Palabras similares que se habían escuchado minutos antes, durante la mesa redonda organizada por elEconomista y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en el marco de la jornada patrocinada por Ferrovial. Participaron en la misma Mari Carmen Morales, directora de Calidad y Sistemas de Anecoop; Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum; Jaime Castillo, director de Relaciones Institucionales de Global Omnium; Manuel Bosch, director de Innovación de Grupo Ribera Salud; y Carlos Mínguez, Socio de Andersen Tax & Legal.
En su intervención previa, la gerente de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Ferrovial, Cristina Moral, sembró una de las primeras reflexiones del debate: "¿Somos conscientes en nuestras compañías del cambio hacia la sostenibilidad que tenemos que hacer o seguimos igual que hace una década?", planteó. La dirigente explicó que su compañía tiene un compromiso con tres de los 17 objetivos que ha recogido la Organización de las Naciones Unidas en su agenda 2030. En concreto, con el sexto punto, relacionado con el consumo responsable del agua; el noveno, que habla de infraestructuras de calidad; y el undécimo, llamado a garantizar el acceso a una movilidad limpia, precisó.
"El consumidor lo paga todo"
"Vivimos un momento de cambio, en el que los inversores son incluso capaces de pagar una prima por una empresa sostenible", lanzó Moral al auditorio. La empresa, operadora de infraestructuras y transportes presente en más de 15 países, se encuentra actualmente centrada en la investigación. Son conscientes de que la competitividad se libra en ese campo de batalla. "Solo a través de la investigación y la innovación podemos tener una oferta sostenible", apuntó Moral.
¿Es sostenible la sostenibilidad? Es decir, los costes, ¿son asumibles para el tejido empresarial? Los invitados recogieron el guante. Hablaron de cómo se va a llevar a cabo esa transformación a través de la innovación. Y con el cómo, se referían al cuánto y al quién. Cuánto costará y quién lo pagará. Los invitados señalaron a una corresponsabilidad a la hora de hacerse cargo de esta "fiesta" hacia la innovación y la sostenibilidad.
Según una encuesta del Real Instituto Elcano, "el 90 por ciento de los españoles está preocupado por el medio ambiente, pero el mismo porcentaje piensa que no deben ser los ciudadanos los que paguen esta factura", apuntó el director de elEconomista, Amador G. Ayora, moderador del encuentro junto al delegado en la Comunitat Valenciana, Dani Valero.
"El consumidor lo paga todo, al fin y al cabo. Pero hay que distribuir el gasto", defendió el representante de Consum. Mínguez, del despacho Andersen Tax & Legal, defendió que la innovación "genera muchas oportunidades de negocio, sobre todo en el ámbito de la energía y el transporte". Por su parte, Bosch, de Ribera Salud, habló del "gemelo digital", que les permite predecir las operaciones y los posibles inconvenientes así como reducir listas de espera.
El representante de Global Omnium, Castillo, apuntó a que harían falta 2.200 millones de euros al año para mantener en la senda de la innovación la infraestructura relacionada con el saneamiento y la innovación. "No esperamos nada de Europa, porque ya no hay Feder, y no esperamos nada del Gobierno, de cualqueira que sea, porque primero está la sanidad, la educación y los servicios sociales", detalló. "Si un ciclista ha pinchado, le apoyas con el coche al principio, pero si le ayudas hasta la meta ya no es un ciclista", añadió.
Por su parte, Morales, la representante de Anecoop, pidió "apoyo logístico y tecnológico"."Es muy clásico regar al sector de la agricultura con subvenciones, pero no puedes basar la agricultura en subvenciones. Los recursos son limitados, por narices tendremos que aprender a gestionarlos", aseveró.
También, cómo no, se habló de la sostenibilidad medioambiental. El representante de Global Omnium habló del gran atasco que suponen las toallitas higiénicas, a lo que Quiles, de Consum, respondió que la cooperativa valenciana de distribución fue la primera en lanzar al mercado unas toallitas biodegradables.
Por su parte, Anecoop reconoció el esfuerzo que va a tener que hacer el sector agrícola en toda España para renovarse y comenzar a usar productos fitosanitarios más respetuosos con el medio ambiente, así como hacer un uso más consciente de los recursos hídricos. "El riego por inundación está en vías de extinción", aseguró Morales en respuesta a una de las preguntas lanzadas por los asistentes al evento.
"La inversión es necesaria"
La presidenta de la CEV, Eva Blasco, afirmó en la apertura de la jornada que las cifras de sector industrial han retrocedido ligeramente en 2019, por lo que "la inversión en innovación es absolutamente necesaria". "Seguimos lejos de la media europea fijada para 2020, no podemos seguir quedándonos atrás".
El encargado de inaugurar la jornada sobre sostenibilidad fue, precisamente, el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent. El máximo representante de la cartera económica valenciana esgrimió las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa a la autonomía tres puntos por encima de la media española en cuanto a innovación se refiere.
El 31% de las empresas innovan
Según estos datos, un 31,01 por ciento de las empresas valencianas de más de 10 trabajadores fueron innovadoras, frente al 28,2 por ciento del resto del estado. Pero el conseller rehusó sacar pecho. "En nuestra opinión, la innovación y su impacto en el tejido empresarial valenciano no está todavía en los niveles deseables. Y lo más importante, las empresas no pueden jugar esta partida en solitario", añadió.
El conseller habló del apoyo de su Conselleria, a través del IVACE, a los Institutos Tecnológicos, con el fin de generar innovación "ad hoc" para las empresas. La Comunitat Valenciana cuenta con 11 Institutos Tecnológicos, organismos de investigación privados sin ánimo de lucro que ponen a disposición del tejido industrial un amplio catálogo de capacidades de I+D e innovación, servicios avanzados, ensayos de laboratorio y formación especializada, que en la actualidad dan servicio a unas 12.000 empresas (en la C. Valenciana hay un total de 400.000 empresas).
En 2014 la inversión de la Generalitat en estos institutos tecnológicos era de 20,8 millones, mientras que en 2019 el presupuesto alcanza los 48,3 millones, lo que significa un aumento del 132 por ciento, apuntó el conseller. "Las empresas que colaboran con los Institutos Tecnológicos son un 7 por ciento más productivas y exportan un 25 por ciento más fuera de la Unión 7 Europea que aquellas que no lo hacen", explicó Climent.
Así como los invitados en algún momento deslizaron la conveniencia de que las administraciones se mantuvieran al margen ("a veces, con buenas intenciones, terminan complicándonos", llegaron a decir), Climent sacó pecho de la acción directa con las empresas.
"El apoyo de la conselleria de Economía a la I+D+i se ha incrementado desde 2014 en un 151,8 por ciento", explicó el responsable de Economía. "Somos conscientes de que conseguir una economía cada vez más sólida y competitiva, en un mundo cada vez más globalizado dependerá de nuestra capacidad de convertir el conocimiento en innovación".
"Tenemos que fomentar la cultura de la innovación en las empresas. Que las firmas no se limiten a competir solo en precios, sino sobre todo en innovación", animó. Desde su conselleria buscan una "innovación que permita una mayor conexión con las tendencias del mercado, la incorporación de tecnologías avanzadas y la digitalización, la penetración en mercados internacionales, y la recuperación de posiciones de liderazgo".
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