El Gobierno está analizando el marco normativo de la Ley de Costas con vistas a una reforma que compatibilice la preservación del medioambiente con un mayor aprovechamiento de la costa como recurso turístico, según manifestó ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, durante su visita a Elche.
"En ningún caso se trata de hacer barrabasadas; no hablamos de poner un hotel en una playa", ha subrayado el ministro Soria, que ha reiterado que las posibles modificaciones normativas que se introduzcan en la Ley tendrán como objetivo dotar a la costa de unos equipamientos que la hagan más atractiva.
¿Amnistía para miles de viviendas?
La reforma de la Ley de Costas podría contemplar una amnistía para decenas de miles de viviendas declaradas ilegales por la vigente Ley y susceptibles de ser demolidas. Una situación que se repite en muchas zonas del litoral español. Ayer, el representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa González, declaró en rueda de prensa que la aplicación de la retroactividad de la actual Ley de Costas ha sido "nefasta y el pueblo canario ha sido ferozmente atacado en su patrimonio".
La senadora Luz Marina Socas junto a José Luis Langa González en la rueda de prensa. // Fotografía: Doris Martínez.
Langa González comparecía junto a la senadora por Tenerife, Luz Marina Socas, para informar de la primera reunión entre el nuevo director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Pablo Saavedra, y los representantes canarios.
En dicha reunión se comunicó que el anteproyecto para la nueva Ley de Costa estará preparado en julio, es decir, que antes de que acabe el año podría haber una nueva normativa en vigor.
También se ha sabido que el Gobierno estudia suspender las actuaciones administrativas afectadas por la vigente Ley de Costas. Sólo en Canarias, la AEPLC contabiliza cerca de 50 zonas afectadas, entre ellas Igueste de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), Santa Lucía (Güimar), Los Roques en Tenerife y El Golfo en Lanzarote. Langa González asegura que Canarias es la Comunidad Autónoma más afectada por esta problemática y que desde la Asociación "seguiremos luchando para evitar estas injusticias".
