El sector de movilidad en España espera ansiosamente una iniciativa europea que viene a revolucionar los hábitos de compra de billetes de viajes multimodales. La normativa Servicios de Movilidad Digital Multimodal (MDMS, por sus siglas en inglés), cuyos detalles de regulación se presentarán en septiembre de este año, ya ha causado tanta controversia como alegría entre los operadores de transporte de pasajeros.
La iniciativa cambiaría por completo el modo de reserva de billetes multimodales de diferentes medios de transporte como el tren, el autobús o el avión, obligando a las empresas operadoras que se vean afectadas, a facilitar datos sobre sus viajes a plataformas agregadoras de servicios como Trainline o Skyscanner, que deberán reflejar la oferta de las empresas sin dar prioridad a nadie.
Desde Trainline valoran positivamente la propuesta, que esperan que elimine las "resistencias de algunos operadores ferroviarios tradicionales que aún ostentan una posición dominante en sus mercados".
La movilidad sostenible es una de las grandes prioridades para la Comisión Europea. La propuesta también incluye la obligación de facilitar información al usuario sobre el impacto medioambiental de cada viaje. El organismo europeo espera que esto ayude a los viajeros a elegir el modo de transporte que menos contamine y mejor se adapte a sus necesidades.
Acceso a los datos
La iniciativa, que pone el foco sobre todo en el sector ferroviario, ha reavivado el debate entre los operadores y las plataformas digitales por el intercambio de datos y por cuestiones de competencia.
La Comunidad de Empresas Europeas de Ferrocarriles e Infraestructuras (CER, por sus siglas en inglés) se ha quejado de que la iniciativa favorece demasiado a las plataformas digitales y algunos puntos deben cambiarse. "Las empresas ferroviarias son un negocio que opera con márgenes pequeños y costes fijos altos, por lo que cualquier intervención regulatoria podría desembocar en una disminución de los servicios", afirma el CER.
Desde Renfe e Iryo no han querido entrar en detalles, pero Renfe asegura que "siempre coopera con las autoridades públicas en cualquier asunto regulatorio, como ocurre en este tema específico con la Comisión Europea". Desde Ouigo España, sin embargo, valoran positivamente la propuesta, porque "protege a los operadores ferroviarios que pueden vender sus billetes en estas plataformas frente a un eventual abuso".
Bruselas tiene sobre la mesa tres propuestas distintas y deberá decidirse por una de ellas
También desde el sector de autobuses dan la bienvenida a la propuesta. "Supone una oportunidad para incrementar el uso del transporte público frente al privado, y contribuir al objetivo común de la reducción de emisiones", explicó el director digital (CDO) de Alsa, Carlos Acha.
Según Acha, la normativa tiene potencial de aumentar el número de viajes que se realiza en toda Europa y exigir a los operadores "conocer y fidelizar mejor a sus clientes". No obstante, desde la compañía subrayan que la normativa final "deberá respetar las normas de transparencia, de competencia, y de elegibilidad por parte de los clientes", uno de los puntos más debatidos de la propuesta.
Pérdida de soberanía
La experta en movilidad Irene Cobián explica que el borrador actual contempla una visualización neutra de las diferentes opciones de viaje. Si bien este aspecto no está totalmente definido, podría limitar la capacidad de los operadores de reflejar descuentos o dirigir ofertas específicas a sus usuarios a través de las plataformas multimodales, por ejemplo. "Existe el riesgo de que la empresa pierda su capacidad de diferenciación si no se va a ver la marca del operador, por ejemplo, y eso supondría un impacto enorme a nivel de marketing y captación de usuarios", apunta Cobián.
Desde Confebus señalan la responsabilidad de garantizar los derechos de los pasajeros como otro punto delicado y a concretar. "Si un modo de transporte llega tarde y, como consecuencia, el viajero pierde el otro modo de transporte, tienen que ver quién es el responsable de todo el servicio, la plataforma o el operador de transporte que ha llegado tarde", aseguró el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo.
Según Cobián, el grado de intervencionismo de la iniciativa está por definir y no se sabe si la Comisión obligará a todos los proveedores a integrarse en las plataformas, si solo será obligatorio para algunos o si será voluntario. "Ahora mismo hay tres opciones sobre la mesa y los operadores afectados se definen en función de su cuota de mercado", apuntó. Sin embargo, si la Comisión obligaría a todos los operadores afectados a integrarse en las plataformas, la cuestión de costes podría convertirse en un gran problema, sobre todo para compañías pequeñas y medianas.
