"Seis meses". El plazo para el desarme de ETA que baraja el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, termina el próximo mes de julio. De hecho, el político del PNV espera que el comunicado llegue "cuanto antes", y ofrece a Euskadi como un agente de "verificación" en la hipotética entrega por parte de la banda. Y es que, los terroristas tienen claro que hay que desarmarse y que el Ejecutivo del PP no se implicará en el censo de arsenales y pistolas, por lo que ETA tendrá que explorar esta vía de forma unilateral.
Este mismo martes, Mariano Rajoy trasladaba a Urkullu su "disposición y voluntad" a mantener un encuentro sobre la situación de los presos y la versión definitiva del Plan vasco de Paz y Convivencia. No obstante, la fecha de la reunión entre los presidentes del Gobierno central y el autonómico (pedida por Urkullu el 30 de diciembre) aún no ha sido fijada.
La cuenta atrás parece haber comenzado y todos los agentes menos las asociaciones de víctimas (Madrid, Vitoria, los terroristas, la judicatura, París y los agentes internacionales) pisan el acelerador.
La hoja de ruta de ETA
Tras los pronunciamientos políticos realizados en los últimos días por el Colectivo de Presos EPPK y los expresos de la banda excarcelados tras la anulación de la 'doctrina Parot', ETA dará un paso adelante en las próximas fechas, pero que no será el definitivo.
Así, y en principio antes de la movilización que se celebrará el 11 de enero en Bilbao a favor del acercamiento de reclusos, un comunicado tratará de galvanizar la situación pero -según fuentes de la izquierda abertzale radical- no será más que una reafirmación del compromiso de paz etarra . Es decir, desarme total en un futuro lejano; un "sí, pero no ahora".
El presidente Rajoy, en cualquier caso, se mantiene firme y ya ha avanzado que "ETA tiene que disolverse y anunciarlo, esto ya no tiene sentido". Además, fuentes de la lucha antiterrorista, aseguran que la banda permitió al EPPK dar el paso de asumir sus condenas y acceder a beneficios individuales sólo al detectar un riesgo de rebelión interna en el seno de su 'frente de makos'.
Pese a ello, el Ministerio del Interior explora maneras para acercar reos arrepentidos a esta autonomía. Los responsables de la política penitenciaria de Jorge Fernández Díaz planean dividir este colectivo con la llamada 'vía Nanclares III'. Según El Confidencial Digital, las condiciones serían: pedir perdón por escrito, reconocer el daño causado, colaborar con la Administración e indemnizar a las víctimas.
Mientras tanto, los jueces, la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza sigue a lo suyo, a investigar y detener: en dos años ya ha habido 92 arrestos, con los ocho de hoy. Desde el otro lado de los Pirineos, además, el apoyo es total. Así, el ministro del Interior francés, Manuel Valls, reafirmaba en diciembre su compromiso de seguir la "batalla" en cooperación con España "hasta ganar".
Los otros actores
En medio de los ofrecimientos de la Lehendakaritza; de la firmeza institucional pero dialogante de Moncloa; del trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado y la Justicia; y del apoyo del Elíseo, destaca la resistencia de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que exigen que la paz llegue con una clara línea roja que distancie a vencedores y vencidos.
Por su parte, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) volverá al País Vasco antes de la segunda mitad de febrero. Fuentes cercanas al GIC han considerado que éste es un momento interesante para el grupo de Brian Currin, en el que éste puede realizar aportaciones, ya que el abogado sudafricano fue presidente de la Comisión de Excarcelaciones en el caso de Irlanda de Norte. Algo se mueve en Euskadi, aunque va demasiado lento.
Entidades
Mariano Rajoy Brey
Expresidente del Gobierno
Iñigo Urkullu Rentería
Presidente del Partido Nacionalista Vasco
Dos años sin violencia ni solución final