Las compañías de telefonía no pueden disimular la impotencia y desazón que les produce las veleidades normativas que cada poco tiempo asaltan tanto en el mercado español como en el europeo.
El último sobresalto se produjo tras la propuesta de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, de suprimir el roaming entre los Estados miembros de la UE. Es decir, que los usuarios de móviles no tengan que pagar un sobrecoste en las llamadas, mensajes o navegación cuando se encuentran fuera de sus países de origen, pero dentro del Viejo Continente.
Acto seguido, los operadores tuvieron que morderse la lengua para no expresar exactamente lo que esa medida representaría en sus planes de negocio. Las previsiones y cálculos se convierten en papel mojado cada vez que una autoridad, nacional o comunitaria, encuentra repentinamente en el sector de las telecomunicaciones la respuesta para sus ocurrencias políticas.
Las empresas de telefonía también se quejan de la presión fiscal que sufren. En su opinión, no existe ámbito empresarial más castigado por el fisco que su negociado. Todavía colea la tasa para financiar a RTVE, tras la supresión de la publicidad, lo que obligó a Vodafone a suprimir ese tipo de servicios, inviable por culpa de dicho gravamen.
El castigo de la crisis
El negocio de los operadores está sufriendo como pocos el impacto de la crisis económica y la caída del consumo. Los ingresos medios del sector cayeron el año pasado el 7% -aunque el porcentaje entre los más grandes alcanza los dos dígitos-, sin que ello les arredre en su apuesta por las inversiones en redes de nueva generación. A modo de ejemplo, el precio mínimo de las ofertas de ADSL de 10 megas era de 33 euros al mes hace un año, mientras que en la actualidad abundan las ofertas de 20 megas por 23 euros mensuales, lo que significa un 30% más barato, según datos del presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Bernardo Lorenzo. Ante esta situación, las compañías consideran que "no es bueno que los precios caigan tanto de un año para otro", ya que eso repercutirá en la inversión en un sector fundamental para el desarrollo.
Vodafone, Orange y Yoigo ya han anunciado sus generosos planes de inversión y despliegue en 4G. Telefónica se sumará en breve a la misma carrera, consciente de que su prioridad en estos momentos pasa por sembrar de fibra las grandes ciudades, en alianza con Jazztel. Por su parte, Orange y Vodafone también hacen causa común para competir en la super banda ancha fija, aunque con el freno de mano echado por culpa de las dichosas incertidumbres regulatorias. "Todavía no está claro qué pasará con los conductos verticales de los edificios, detalle básico para apostar con fuerza en semejante negocio", dicen.
Tampoco ayuda a los grandes operadores el doble rasero que los reguladores aplican a los jugadores: los OTT campan libremente por el mercado, mientras que los propietarios de las redes se someten a todo tipo de cortapisas al calor de la neutralidad de la red. "Esa situación no incentiva la inversión", coinciden los representantes de las principales telecos.
Por si fuera poco, los operadores españoles también se sienten ninguneados por el Ministerio de Industria, cuyo titular, José Manuel Soria, parece más preocupado por los problemas del sector energético o turístico que por los de las telecomunicaciones. Parece claro que otros negocios con menor importancia económica que las telecomunicaciones gozan de mayor predicamento e influencia en las altas esferas políticas.
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