Madrid, 12 abr (EFECOM).- La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, tiene por delante tareas como lograr el objetivo de que la inversión global pública y privada en I+D+i llegue al 2,2 por ciento del PIB en 2011, y reformar la Ley de la Ciencia para que España se sitúe entre los países más avanzados.
Al anunciar hoy su nuevo Gobierno, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación tiene como objetivo que el impulso de la ciencia y la tecnología se convierta en crecimiento económico.
Su funciones serán invertir más en ciencia y en tecnología, ayudar a las empresas a innovar y coordinar mejor los centros de investigación y universidades.
La Administración General del Estado se ha propuesto destinar, en los próximos cuatro años, más de 47.700 millones de euros al VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.
Los socialistas se han comprometido a doblar los recursos y elaborar una nueva ley de la ciencia, para que España se sitúe entre los diez países más desarrollados del mundo en 2015.
Las inversiones del Gobierno y de las CCAA crecerán un 16 por ciento anual en I+D+i desde 2008, con el objetivo de alcanzar el 2,2 por ciento del PIB, incluido el sector empresarial, que financiará el 55 por ciento y ejecutará el 60 por ciento del total.
Se pondrán en marcha programas de reforzamiento de institutos de investigación, departamentos universitarios y centros de excelencia, el de apoyo a la solicitud de patentes, y el programa de valorización del conocimiento y transferencia de tecnología.
En esta legislatura, se incorporarán 50.000 personas al sistema de ciencia y tecnología, al menos la mitad de ellos en el sector privado, y se impulsarán las empresas de base tecnológica, especialmente en los sectores biotecnológico, tecnologías de la información, nuevos materiales, nanotecnología y aeroespacial.
También se mejorará la remuneración del personal universitario e investigador en formación.
En Universidades, se desarrollará la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, aprobada en la legislatura pasada, con la elaboración del estatuto del personal docente o investigador y se fomentará la creación de empresas de base tecnológica a partir de los resultados de proyectos universitarios de investigación.
Además, se terminará la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y el Gobierno hablará con CCAA y universidades, para acordar un nuevo sistema de financiación.
Es previsible que en los próximos años se promulgue una Ley de Atribuciones profesionales de la Ingeniería y directrices generales propias específicas de los títulos de grado y de máster. EFECOM
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