Los legisladores europeos rechazan el tratado antipiratería ACTA

BRUSELAS (Reuters) - El Parlamento Europeo rechazó el miércoles un acuerdo global contra el robo de copyright, en una victoria para los críticos que dicen que la legislación castigaría a la gente por compartir cine y música en Internet.

La votación pone fin a dos años de peleas entre los legisladores que apoyaron el Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA, en sus siglas en inglés) y sus detractores, principalmente jóvenes y con conocimientos de tecnología.

Decenas de miles de activistas celebraron protestas en toda Europa en febrero para protestar contra la ley, que según dicen coartaría su libertad y permitiría a las autoridades espiar sus actividades en Internet. Unos 2,5 millones de firmaron una petición contra el ACTA.

Los eurodiputados votaron en contra el acuerdo por 478 votos frente a 39, con 165 abstenciones, lo que implica que la Comisión Europea tendrá que renegociar la propuesta.

Uno de los objetivos del acuerdo era cortar las crecientes descargas y reproducciones en Internet de copias ilegales de música y películas. También pide que los Gobiernos confisquen productos falsos y castiguen a las mafias que las hacen y las venden.

Al rechazar el ACTA, el Parlamento Europeo no sólo ha aumentado las dudas sobre el futuro del acuerdo -porque para funcionar bien requiere una adhesión global- sino que también pone en duda una propuesta de ley europea distinta sobre la protección de los derechos de autor.

Las autoridades de la UE temen que vayan a encontrar una resistencia similar cuando intenten reformar la desfasada ley, IPRED, este año.

La normativa existente se aprobó en 2001, cuando las lentas conexiones de Internet con módem no permitían el rápido flujo de datos del intercambio de archivos que vemos hoy.

"Hay mucha gente que protestó contra el ACTA que estaría dispuesta a protestar contra el IPRED europeo", dijo la eurodiputada holandesa Marietje Schaake.

REACCIÓN EN CONTRA

"Una votación contra el ACTA será un revés para la protección de nuestros derechos de propiedad intelectual en todo el mundo", dijo antes de la votación el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, refiriéndose a las preocupaciones por legislaciones futuras.

Es difícil estimar el coste de la piratería en Internet en la UE, porque reunir esas cifras requeriría espiar en las costumbres de la gente en Internet. Pero los grupos de presión de las discográficas dicen que un declive constante en los ingresos durante la última década es prueba suficiente.

Los grupos empresariales dijeron que el rechazo al ACTA supone que la UE se vería debilitada en las negociaciones de libre comercio con EEUU, Canadá y países emergentes que son relativamente nuevos en la propiedad intelectual.

"Cuando la UE hable con China sobre derechos de propiedad intelectual, ellos(China) se referirán al rechazo del Parlamento (al ACTA)", dijo Ilias Konteas, asesor de BusinessEurope, un grupo de presión europeo que representa a 20 millones de empresas en 35 países.

"Me temo que las consecuencias involuntarias no han sido consideradas por los miembros del Parlamento Europeo", añadió.

La Comisión Europea admite que debe aprender de la reacción en contra del ACTA antes de que la IPRED se publique en septiembre. El principal problema de ambas leyes puede reducirse a dos palabras: escala comercial.

Desde que las negociaciones del ACTA comenzaron en 2008 a puerta cerrada, sus detractores en el Parlamento Europeo han dicho que el acuerdo tiene que distinguir entre internautas que se descargan archivos ilegales para su propio entretenimiento y los que intentan vivir de ello. Pero eso nunca ocurrió.

En un informe sobre las propuestas para actualizar la ley europea de derechos de autor, al que tuvo acceso Reuters, la Comisión dice que la reforma debe definir escala comercial "para asegurar que se dirige a los falsificadores profesionales y no a los consumidores individuales".

En febrero la Comisión Europea refirió el ACTA al máximo tribunal europeo, el Tribunal de Justicia, para obtener un veredicto sobre si infringe la libertad de expresión. La decisión podría demorarse hasta un año.