Redtel: El despliegue de redes sigue siendo un grave problema para el sector

Madrid, 7 mar (EFECOM).- El presidente de Redtel, Miguel Canalejo, dijo hoy a EFE que las dificultades para el despliegue de redes de telecomunicaciones móviles sigue siendo un grave problema que se une a los intentos de los ayuntamientos de imponer una nueva tasa a las operadoras.

La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel) que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y ONO, se presentó en sociedad en el pasado mes de septiembre, con el objetivo de contribuir al fomento y la generalización de los nuevos servicios y redes de la Sociedad de la Información.

Miguel Canalejo, en una entrevista con EFE, señaló que en estos meses han identificado los problemas del sector y han establecido sus prioridades de actuación en un momento marcado por el cambio tecnológico que van a suponer las redes de alta capacidad tanto para la telefonía fija como en la móvil.

Ante las quejas de las operadoras por las dificultades en la colocación de antenas y su repercusión en la cobertura de la telefonía móvil, se ha creado en esta legislatura la Comisión Sectorial para el Despliegue de Infraestructuras de Radiocomunicación, pero Canalejo opina que no ha resuelto el problema de la dispersión de normativas y las dificultades de despliegue de antenas.

Explicó que la comisión tiene carácter asesor y aunque funciona, lo hace de forma muy lenta, por lo que mostró su preocupación por el hecho de que en la actualidad hay 60.000 antenas pero que serán necesarias incrementarlas hasta unas 180.000 para los nuevos servicios.

Sigue habiendo discusiones en torno a los efectos que pueden tener las antenas sobre la salud, por lo que Redtel propugna la creación de una agencia científica, adscrita al Ministerio de Sanidad para que se despejen las dudas.

Las dificultades que ponen los ayuntamientos a estos despliegues, se une a su deseo de penalizar a las operadoras con el 1,5 por ciento de sus ventas, cuando este sector ya paga por el uso del espectro.

Afirmó que las distintas administraciones penalizan ya a las telecomunicaciones con impuestos fiscales específicos que suponen 550 millones de euros al año, que se unen a los 250 millones de los costes derivados del servicio universal, números de teléfono de emergencia o conservación de datos.

La rentabilidad del sector hace que se vea en él una fuente de financiación, cuando invierte en conjunto unos 4.000 millones de euros todos los años en infraestructuras, que tienen un coste superior a otros países europeos debido a la dispersión geográfica de la población y la accidentada orografía, dijo.

En España, afirmó, los políticos se ocupan poco de las infraestructuras de telecomunicaciones ya que están acostumbrados a que las acometan las empresas privadas aunque reconoció que los partidos políticos han escuchado sus peticiones con vistas a la elaboración de sus programas electorales.

Para Canalejo el modelo económico español del ladrillo está agotado y ahora los servicios de la sociedad de la información, soportados en redes de alta capacidad, tendrán un papel muy relevante en el nuevo modelo en el que es necesario un incremento de la productividad.

Ante la nueva situación, señaló, hay que conseguir diseñar un marco que incentive la inversión en las telecomunicaciones y que dé certidumbre, ya que en los próximos años será necesario invertir entre 60.000 y 80.000 millones de euros en redes de nueva generación.

La caída de licencias de obra va a hacer que los ayuntamientos busquen nuevos recursos y, dijo, habría que buscar un reparto de los actuales ingresos fiscales entre las administraciones para evitar que sigan creándose nuevas cargas para las operadoras.

Sobre la posibilidad que están planteando algunos ayuntamientos de crear redes para que sean utilizadas por todos los operadores, Miguel Canalejo dijo que primero tienen que plantear claramente lo que quieren hacer y si esta es su primera prioridad, y después deberán someterse a la regulación de la CMT, como cualquier otro operador de infraestructuras.

Todos los agentes, dijo, están de acuerdo en que en un futuro tiene que haber competencia de redes, pero la diferencia es en que plazo y como deben desaparecer las viejas infraestructuras.

Por eso, apuntó, las líneas marcadas por la CMT sobre las redes de nueva generación han sido bien recibidas por todos; el problema, incidió, será cuando se desarrolle al detalle. EFECOM

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