El Gobierno, a través del Ministerio de Industria, está dejando huérfano de supervisión el despliegue de las antenas de WiFi públicas que estos días proliferan en parques, plazas y calles.
Así lo reconocen las fuentes consultadas por elEconomista, todas ellas del ámbito profesional de las telecomunicaciones, en un llamamiento para garantizar el correcto despliegue de las nuevas redes de acceso inalámbrico a través de conexiones fijas.
Los mismos expertos señalan que existen miles de estudios que confirman que el impacto de las emisiones de la telefonía móvil en la salud de los usuarios es inapreciable y, por lo tanto, no representa un motivo de alarma. Pese a ello, numerosos ayuntamientos españoles dificultan el despliegue de antenas y estaciones base de los operadores por el presunto riesgo que pueden representar dichas emisiones sobre la población.
Para curarse en salud, las diferentes administraciones públicas españolas han puesto en marcha en los últimos años todo tipo de controles, supervisiones y medidas para asegurarse de que las antenas de telefonía desplegadas en el país cumplen con todas las especificaciones técnicas y, por lo tanto, su servicio no representa la menor amenaza para la calidad de vida de las personas. Sin embargo, el celo que aplican las diferentes administraciones públicas en la vigilancia de las antenas de telefonía móvil contrasta con la laxitud con la que las mismas autoridades abordan el asunto de las redes públicas de WiFi. Especialistas en telecomunicaciones consultados por este periódico advierten de la "contradicción" que representa este comportamiento en relación con el resto de las emisiones no ionizantes.
En el caso de los puntos de acceso públicos de WiFi, los organismos o empresas que los despliegan no están sometidos a ninguna disciplina normativa. De esa forma, cualquier técnico podría manipular los routers con el objetivo de incrementar la potencia o la cobertura de sus redes inalámbricas, con el riesgo que eso podría representar para los ciudadanos que utilizan dichos servicios. Las Normas de Utilización del Espacio Radioeléctrico limitan la potencia de estas redes a 20 dBm, pero el cumplimiento de este tipo de condiciones está huérfano de supervisión en el caso de los servicios WiFi.
El debate sobre este tipo de emisiones se reabrió el pasado febrero, cuando el Ayuntamiento de Orense tranquilizó a sus vecinos al asegurar que resultan inapreciables las emisiones radioeléctricas que produce su nuevo servicio WiFi público en una zona del casco histórico de Seixalbo.
Dicha red se ciñe a todas las especificaciones dictadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones así como los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las referidas Normas de Utilización del Espacio Radioeléctrico, según explicaron las autoridades locales. Las mismas fuentes indicaron que las radiaciones de la red WiFi de Seixalbo son diez veces más pequeñas que la de un teléfono móvil. Sin embargo, dichas garantías no siempre existen en otros despliegues de redes WiFi abiertas en el resto del país, ya sea de titularidad pública o privada.
La CMT permite WiFi gratis publico pero si es lento
