Madrid, 30 jun (EFE).- El veto del Gobierno Portugués, a través de la acción de oro, a la venta del 30% que Portugal Telecom en la brasileña Vivo ha tenido una rápida respuesta por parte de Bruselas que la calificado de ilegal sin esperar a la sentencia que el Tribunal de Luxemburgo emitirá el próximo 8 de julio.
Aunque el primer ministro portugués, José Sócrates, había manifestado su oposición a la venta de Vivo por parte de Portugal Telecom por considerarla estratégica, el consejo de la operadora consideraba que la acción de oro, mecanismo de control el Gobierno en PT, no podía utilizarse en esta ocasión.
Telefónica comenzó su oferta por Vivo en mayo con 5.700 millones de euros, la mejoró el uno de junio hasta 6.500 millones y a ultima hora de la noche de ayer la elevó hasta 7.100 millones, con lo que convenció a la mayoría de los accionistas asistentes a la junta de Portugal Telecom de hoy que aprobaron la operación con un 73,9% de los votos.
Estos votos suponen que una parte del núcleo duro de accionistas portugueses, que se habían opuesto a la operación y que controlaban cerca de la mitad de los votos, cambiaron su posición tras la nueva oferta.
Además esta amplia mayoría se logró a pesar de que Telefónica, Société Générale y Mediobank, con alrededor del 6% de los votos, no pudieron ejercitar esta acción por conflicto de intereses, según el presidente.
Termina la votación, el presidente de la junta, Antonio Meneses, decidió aceptar el veto de la acción estatal con derechos especiales lo que dejó si efecto el acuerdo de la junta.
Meneses manifestó la "certeza absoluta" de que esta acción es legal y dijo que había tomado "todas las precauciones" para garantizar su validez, tras consultar a seis juristas.
El consejo de administración que había manifestado que acataría lo que acordara la asamblea, señaló que consideraba que la acción de oro del Estado en la empresa no era aplicable a la venta del 50 por ciento de Brasicel, entidad participada al 50% por Telefónica y Portugal, que controla el 60% de Vivo, indicó su presidente Hernique Granadeiros.
Poro después, el primer ministro portugués, José Sócrates, justificó el veto estatal por "los intereses nacionales" lusos y dijo que "la acción de oro sirve para utilizarse cuando es necesario" y que todos sabían cual era la posición del Gobierno en esta materia.
La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de la Agenda Digital, Neelie Kroes, que ha sido comisaria de la competencia, señaló, antes de terminar la junta portuguesa, dijo a los periodistas en España que está en contra de que los estados intervengan en las decisiones de las empresas, ya que es algo "pasado de moda".
Tras el voto del Estado portugués, la Comisión Europea hizo público un comunicado en el que señala que los derechos especiales que el Estado portugués mantiene sobre la compañía de telecomunicaciones Portugal Telecom son "incompatibles con la legislación europea".
Añade que "constituye una restricción injustificada al libre movimiento de capitales y al derecho de establecimiento, dificultando tanto al inversión directa como la cartera de inversiones".
Bruselas abrió un procedimiento contra el Gobierno portugués por esta acción de oro ante el Tribunal de Justicia de la UE en 2008 y el próximo 8 de julio publicará la sentencia.
El abogado general de tribunal ya ha publicado su opinión que recomienda al Tribunal de Luxemburgo que declare ilegales estos derechos especiales del Estado.
Telefónica no se ha manifestado sobre las próximas acciones.
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