Por Robert Hetz
MADRID (Reuters) - El Consejo de Ministros español aprobó el viernes un histórico borrador para eliminar inmediata y definitivamente la publicidad en el ente público RTVE, compensándolo con una serie de tributos a los operadores privados y de telecomunicaciones.
"Damos el paso decisivo hacia la consolidación del sistema de financiación de la radiotelevisión pública, con su renuncia inmediata y definitiva a los ingresos publicitarios", dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros.
Hasta ahora, el presupuesto anual de RTVE era de unos 1.100 millones de euros, de los cuales 500 millones corresponden a publicidad y el resto, a subvenciones estatales.
La vicepresidente, que calificó de "razonable" el nuevo modelo, explicó que a partir de ahora la corporación se financiará exclusivamente con ingresos públicos. "Una parte muy importante" de ellos seguirán llegando de los Presupuestos Generales del Estado y otra parte se financiará mediante aportaciones de televisiones privadas y operadores de telecomunicaciones.
En concreto, el Anteproyecto de Ley establece que los operadores de televisión comercial estatales o de más de una comunidad autónoma deberán aportar un tres por ciento de sus ingresos mientras que los operadores de telecomunicaciones tendrán que pagar un 0,9 por ciento.
Además, RTVE percibirá el 80 por ciento de la recaudación por la tasa de dominio radioeléctrico y obtendría ingresos por la comercialización de sus propios servicios y productos.
LIMITACIÓN PARA DERECHOS DEPORTIVOS
En la misma norma se establece que los ingresos públicos solo podrán financiar actividades de servicio público y, en este sentido, "no podrán ser utilizados para sobrepujar" por derechos de contenidos de gran valor.
En este sentido, sólo se podrá usar el 10 por ciento del presupuesto anual para adquirir derechos de emisión de eventos deportivos, excepto para los Juegos Olímpicos.
Las operadoras de telecomunicaciones, a través de la asociación Redtel, manifestaron su oposición al nuevo tributo de un 0,9 por ciento de sus ingresos y anunciaron que estudiarán tomar las medidas legales oportunas.
Los analistas de Sociéte Générale dijeron recientemente que el nuevo tributo supondría una carga de 100 millones de euros al año para Telefónica.
