La Ley General de Telecomunicaciones ha salido este jueves del Congreso respaldada por el PP, el PSOE y CiU tras incorporar más de medio centenar de transaccionales que recogen parte de los 482 cambios propuestos por todos los grupos, cuyos portavoces han agradecido al partido mayoritario el esfuerzo que ha realizado para hacer una norma "de todos".
Entre las novedades figura una simplificación en el despliegue de nuevas redes, se favorece el uso compartido de infraestructuras entre compañías, se eliminan las trabas a la concesión de licencias y se reduce la "dispersión normativa" entre las comunidades autónomas.
Se suprimen además las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes en dominio privado, que serán sustituidas por declaraciones responsables. También se facilitará el despliegue de redes fijas en edificios eximiendo la instalación de antenas de telefonía móvil de cualquier tipo de autorización, y se garantizará el derecho de cualquier ciudadano a acceder a redes ultrarrápidas.
Asimismo, se mejoran los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas. Se precisa el régimen sancionador y se facilita el cumplimento de las obligaciones de los operadores manteniendo los derechos de los usuarios.
También se ha aprobado la creación de una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental, y se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
La nueva norma modifica otros textos legales como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico con la inclusión de precisiones sobre las cookies; y la Ley de firma electrónica para que los certificados utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de cinco años, y no de dos.
El ministro de Industria, José Manuel Soria aseguró durante el debate parlamentario de totalidad del proyecto que esta ley permitirá "ahorrar costes, mejorar la calidad del servicio, y reforzar la competitividad de la economía y los derechos de los ciudadanos".
La inversión de las grandes telecos se redujo el 14%
