El ministro de Industria, Economía y Turismo, José Manuel Soria, ha instado este jueves a los grupos parlamentarios del Congreso a apoyar el proyecto de ley General de Telecomunicaciones que, según ha dicho, permitirá "ahorrar costes, mejorar la calidad del servicio y reforzar la competitividad de la economía y los derechos de los ciudadanos".
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender la norma frente a las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y ERC, Soria ha calificado el proyecto de ley como "necesario, oportuno, reformista y ambicioso". "Es una herramienta para el despliegue de nuevas redes. Lógicamente puede ser mejorado pero es absolutamente imprescindible como parte del proceso reformista de la economía", ha añadido.
Además, ha defendido que con esta norma se dará un "importante impulso" a la economía digital, cuya importancia es "creciente" en el conjunto de la economía, y ha recordado que este sector será "palanca de recuperación económica" para todo el país.
El ministro ha señalado además que con su proyecto de ley se "afrontan problemas aplazados, que lastran el crecimiento del sector, limitan su desarrollo, frenan la innovación, restringen la prestación de servicios y dificultan que haya un coste menor".
PALANCA DE RECUPERACIÓN
"Es una ley oportuna en medio de un proceso de recuperación económica porque conviene que ese proceso no quede al margen de sectores importantes como éste. Además, hay que establecer condiciones para que haya nuevas inversiones, para que se desarrolle la 4G de telefonía móvil y para que se desarrollen las redes fijas y la fibra óptica. Eso aportará mayores y mejores servicios a los ciudadanos a precios más asequibles", ha insistido.
En este sentido, Soria ha destacado que su texto "no se limita, como en el pasado, a una mera incorporación de las directivas europeas al ordenamiento jurídico" sino que "va mucho más allá" al "abordar cambios profundos, estructurales, orientados a recuperar la unidad de mercado, facilitar el despliegue de redes y servicios, tener un mercado cada vez más libre y competitivo, y que haya nuevos mecanismos de coordinación entre administraciones".
De esta forma, el ministro de Industria ha mencionado algunas de las medidas para lograr cada uno de estos objetivos. Así, para "recuperar" la unidad de este mercado en todo el país, se fijan límites máximos únicos sobre emisiones y exposiciones a campos electromagnéticos y se refuerza la potestad sancionadora para impedir infracciones, aumentando las cuantías, creando nuevas infracciones administrativas, mejorando la delimitación de la responsabilidad, y reforzando los instrumentos y potestades de los servicios de Inspección.
Asimismo, se declaran las redes públicas de comunicación como "equipamiento básico estructural", por lo que su instalación se entenderá como "una obra de interés general". Y en relación con la gestión y planificación de espectro radioeléctrico, se limita la duración de las concesiones, se "precisan más" las condiciones para que las administraciones públicas instalen redes, se concreta el reparto competencial, y se "refuerza" la garantía de derechos de los usuarios, sobre todo en cuanto a la protección de datos personales.
MENOS BUROCRACIA
Con respecto a la aligeración de la burocracia para agilizar el despliegue de las redes, el ministro ha detallado que se suprime un "número importante" de trámites, además de crearse "nuevos mecanismos de colaboración y coordinación" entre administraciones. En particular, será preceptivo que toda nueva urbanización prevea las infraestructuras de comunicación electrónica.
Además, toda normativa sobre el dominio público y propiedad privada dictada por cualquier administración deberá reconocer el derecho de ocupación si es para el despliegue de redes públicas de comunicación electrónica, se garantiza el derecho de acceso por los operadores a infraestructuras lineales de otros sectores económicos ya instalados y susceptibles de ser utilizados para el despliegue de redes, y se permite el despliegue real de fibra óptica en edificios para garantizar el acceso en cada domicilio.
Asimismo, toda actuación que implique una mera actualización tecnológica de las antenas de telefonía móvil no requerirá ni autorización ni licencia nueva, ni siquiera declaración responsable; y también se simplifican las obligaciones de información de las operadoras, eliminándolas o sustituyéndolas por un régimen de declaración responsable.
RESPETA LAS COMPETENCIAS
Finalmente, Soria ha subrayado que éste es un proyecto "totalmente respetuoso con las competencias de las comunidades, ayuntamientos y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)" y que también garantiza "nuevas medidas de protección de la salud frente a las emisiones radioeléctricas" al obligar a los operadores a "verificar el título habilitante de los terceros a cuya disposición pongan la red". "El objetivo es garantizar el uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico", ha señalado.
Por último, el titular de Industria ha señalado que este proyecto está "relacionado con la estrategia para impulsar las velocidades en las redes" y que con ella se conseguirá impulsar la conectividad digital, tener más proporción de economía digital, desarrollar comercio electrónico y la e-administración, aumentar la confianza digital, internacionalizar más las empresas TIC, que haya mayor I+D+i en tecnologías de la información y la comunicación y también mejorar la protección de los usuarios.
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