El Congreso debate este jueves el rechazo de PSOE, IU-ICV, CiU y ERC a la reforma de las Telecomunicaciones

El Pleno del Congreso debatirá este jueves las cuatro enmiendas de totalidad presentadas, respectivamente, por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y ERC contra el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones porque consideran que vulnera competencias, deja desprotegidos a los ciudadanos y favorece únicamente a los operadores.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Según los socialistas, el Ejecutivo ha desaprovechado la ocasión de presentar un proyecto "de futuro" y se ha limitado a redactar una propuesta "anticuada y desfasada", y que supone "una vuelta atrás" con unos objetivos "completamente alejados de los que deberían perseguirse". "Esta ley sólo generará caos en la planificación del despliegue de las redes ultrarrápidas por todo el territorio", afirman.

De hecho, auguran que con esta normativa se creará "una España a dos velocidades", al no contener normas para garantizar la financiación en la implantación de la alta velocidad en las zonas no rentables ni tampoco plazos; y critican que "no se garantiza de forma suficiente la neutralidad en la red sobre la libre circulación de contenidos" ni se respetan las competencias autonómicas y locales.

ACORDAR UNA ALTERNATIVA

Así, el PSOE lamenta que España perderá el ritmo de la UE en el desarrollo de la Agenda Digital y que se agrandará la brecha digital, generándose "más desigualdad y menos cohesión territorial o social" sobre todo en los territorios donde no será rentable el despliegue de infraestructuras, dejando a la vez "desprotegidos" a los usuarios de las telecomunicaciones.

En el mismo sentido, el PSOE cree que el proyecto "tampoco busca soluciones para minimizar impactos y compartir instalaciones, buscando acuerdos entre operadores que, además de necesarios, abaratarían costes" sino que se "entrará en un caos en el despliegue que dificultará el despliegue (de redes) sin que el interés general o el respeto a los ciudadanos queden suficientemente garantizados".

DESREGULACIÓN A FAVOR DEL SECTOR PRIVADO

La enmienda de la Izquierda Plural, por su parte, cree que se está potenciando una "desregulación en beneficio de la capacidad de la iniciativa privada" con el "único objetivo de beneficiar la actividad de los grandes grupos privados de telecomunicaciones" e incluso perjudicando a los pequeños operadores.

Además, critica que "so pretexto de simplificar y agilizar el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones" se dejan "vacías de contenido" competencias autonómicas y locales, lo que dejará "indefensos" a los ciudadanos en ámbitos como el de la salud o la protección del medio ambiente; y que "se abandonen los más elementales principios de precaución y prudencia".

La coalición reprocha asimismo la falta de plazos en el proyecto, el abandono por parte de los poderes públicos de su función en el mercado de las telecomunicaciones y el "traslado a los operadores de la labor inspectora que corresponde a la Administración".

PROYECTO POCO AMBICIOSO

Los nacionalistas de CiU, por su parte, también creen que este proyecto de ley es "poco ambicioso" pese a afectar a un sector fundamental para economía, ya que "limita su contenido a las telecomunicacionessin alcanzar a regular la globalidad de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas". "Se pierde la oportunidad de hacer una ley que responda a los objetivos de crecimiento y de competitividad que requiere la economía y acorde con las políticas públicas de la UE", alegan.

De hecho, la formación cree que si el Gobierno mantiene el concepto limitado de telecomunicaciones en esta ley es "más por razones oportunistas, orientadas a justificar la recentralización de competencias, que a razones regulatorias de futuro". En este sentido, critica la "ordenación burocratizadora y recentralizadora" que propone el Ejecutivo y advierte de que se generará un "marco de inseguridad jurídica e incertidumbre" con la invasión competencial.

"El proyecto no prevé los instrumentos necesarios para que las comunicaciones electrónicas contribuyan a dinamizar la economía para que sea avanzada, innovadora y competitiva", añade CiU, que exige que se "garantice más competencia en el sector" de lo que prevé la ley y que se potencie la colaboración público-privada en lugar de "dificultar" la participación de la Administración en este sector.

Finalmente, ERC critica que se dé una "prioridad absoluta" a los operadores para desplegar sus redes por encima de "cualquier otra consideración" y rechaza las "limitaciones y control que el Gobierno ejerce sobre las competencias" de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene encomendada la regulación del sector de las telecomunicaciones y, por tanto, debería gozar de independencia.

Asimismo, los independentistas catalanes rechazan la invasión competencial y también la potestad de las administraciones territoriales (garantizada por el derecho comunitario) de imponer condiciones a la ocupación de dominio público por parte de operadores privados para proteger el medio ambiente, la salud pública o la ordenación urbana y territorial.

"Es conveniente facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, pero el interés general no puede reducirse al interés inmediato de las operadoras, sino que debe tener también en cuenta los intereses privados y ciudadanos de los afectados por estos despliegues, y de las administraciones públicas. Sin embargo, este proyecto establece una normativa del todo sesgada a favor de los derechos de los operadores", critica Esquerra.