La Audiencia Provincial de Cádiz considera que modificar consolas puede ser delito

La Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado la sentencia dictada el 20 de octubre de 2011 por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Jerez de la Frontera, a instancias de una denuncia presentada por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) a través de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectua (FAP), por el que condena a al responsable de una tienda por la puesta en circulación de medios de sistemas para modificar videoconsolas.

MADRID, 24 (Portaltic/EP)

El magistrado considera que, en este caso, la instalación y la comercialización de estos chips, a pesar de que puedan tener otros usos legales como el incremento de las funciones de una videoconsola (como puede ser instalar 'software' no firmado, pero tampoco comercial), provoca la desaparición del derecho de propiedad intelectual mediante la desprotección de programas. Esta finalidad y no otra, supone la razón de la adquisición del producto.

aDeSe recuerda que se han dictaminado anteriormente sentencias contradictorias a este respecto debido a la ambigüedad del actual Código Penal acerca del carácter delictivo de estos dispositivos.

Ante esta dificultad de interpretación, aDeSe muestra su apoyo a la actual reforma que está impulsando el Ministerio de Justicia para clarificar los términos. De este modo, el nuevo Código Penal se

adaptará a las directivas europeas sobre Propiedad Intelectual y "se evitará que España sea el único país europeo donde se distribuyen estos dispositivos impunemente", ha dicho la asociación en un comunicado.

Con esta sentencia son ya once los fallos que confirman que la comercialización de dispositivos que vulneran las medidas de protección de las videoconsolas es un delito contra la propiedad intelectual, lo cual ratifica la necesidad de una modificación de la legislación en que se clarifique este aspecto en el Código Penal.

Desde aDeSe se insiste en que la piratería en el ocio digital lastra y paraliza la industria del videojuego en España, impidiendo la creación de empresas locales y la potenciación de la confianza para atraer la inversión de compañías internacionales en nuestro país.