Los usuarios de los servicios sanitarios de la Seguridad Social en Cataluña deberán acudir a los hospitales públicos o a los ambulatorios a recoger sus medicinas en caso de que las farmacias no puedan dispensar medicamentos de elevado precio por la grave situación económica que atraviesan por los impagos de la Generalitat.
Esta es una de las soluciones que baraja la Administración catalana para impedir que los pacientes deben abonar en las boticas el cien por cien del precio de las medicinas, tal y como anunciaron ayer los farmacéuticos catalanes.
Este jueves el director del Servei Català de Salut (ICS), Josep Maria Padrosa, convocó una rueda de prensa urgente para explicar que en ningún caso el sistema sanitario quedará desabastecido y que los pacientes en ningún caso deberán abonar el cien del precio de los medicamentos. La Administración catalana intenta desactivar así la preocupación generada entre los usuarios de la sanidad pública que podrían acudir en masa a solicitar recetas a partir de la semana que viene para esquivar el hipotético desabastecimiento.
Padrosa admitió que "algunas farmacias podrían quedarse sin el remanente necesario para servir, sobre todo de aquellos fármacos con un importe más elevado", tal y como adelantó el miércoles el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Jordi de Dalmases. Sin embargo, aseguró que, ante una posible situación de colapso, se estructurarán unos "circuitos y garantías" para que los ciudadanos no se queden sin recibir la medicación que necesitan.
La primera vía alternativa en caso de fallo en el suministro de fármacos, sobre todo los más caros, sería potenciar la comunicación entre la administración y los centros farmacéuticos para "identificar y facilitar a la población la información de cuáles son las farmacias que pueden continuar garantizando el suministro de fármacos", adelantó el director del ICS.
En una segunda etapa, los medicamentos se podría entregar en los ambulatorios y los servicios de farmacia de los hospitales públicos. En último término, Padrosa recordó que las farmacéuticas, como entidades que trabajan y colaboran con la Administración, "por ley tienen la obligación de servir aquella medicación que el ciudadano pida", siempre y cuando la tengan en remanente.
Sin embargo, Padrosa se mostró esperanzado en "no tener que implantar" todas estas medidas y en que "en pocos días la situación se solucione".
Impago por parte del ICO
Las farmacias catalanas han dado un ultimátum a la Generalitat ante el anuncio de que no les iba a pagar la factura correspondiente al mes de octubre y que asciende a 107 millones de euros. Esa cifra se suma a los 309 millones que ya se les adeuda como retrasos de los meses de noviembre y diciembre de 2012 y marzo de 2013. Esos atrasos, en principio, deben ser asumidos por el plan de pago a proveedores que el Gobierno ha puesto en marcha a través del ICO. La suma de estas dos partidas sitúa la deuda global de las Administraciones Públicas con las farmacias catalanas en 416 millones.
El director del ICS reconoció ayer que entienden la preocupación del sector farmacéutico. "Nos solidarizamos con ellos y creemos que tienen toda la razón del mundo de estar en esta situación de angustia y preocupación", admitió.
Según Padrosa, el impago a las farmacias se debe, en gran parte, a que la ampliación del plan ICO Proveedores no se ha pagado. "Hace tres días se nos comunica que ni el ICO llega y aquí empiezan todas las tensiones" explicó el directivo. Para solventar la situación, el departamento de Sanidad está en permanente contacto con los colegios y centros farmacéuticos. "Estamos en constante colaboración para poder solucionar las consecuencias que puede llegar a tener esta situación financiera", señaló.
La factura mensual de las farmacias con la Generalitat asciende a unos 107 millones mensuales y los farmacéuticos temen que si no se plantan podrían no cobrar ninguna más hasta final de año, lo que elevaría la deuda a más de 600 millones, una cantidad inasumible por el sector.
Ayer el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas Colell, pidió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que abone a Cataluña 1.400 millones de los 1.700 millones que la comunidad pidió al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) correspondientes al aumento de la autorización de déficit autonómico del 0,7 al 1,58 por ciento. Sin esa liquidez, Mas Colell reconoció que no podrá pagar a los proveedores (entre ellos los farmacéuticos). En paralelo, reclamó que el plan ICO Proveedores asuma los atrasos a las farmacias.
El Gobierno quería descontar el pago de los atrasos a través del ICO del importe del FLA, lo que permitiría contener la deuda del Estado, pero dejaría sin liquidez para pagar facturas a la Generalitat.
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Se retrasa el pago a las farmacias