Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, ha reabierto este domingo el viejo debate social sobre el aborto con el anuncio de que la nueva ley que prepara no incluirá la malformación del feto como supuesto para interrumpir legalmente el embarazo. Políticos y colectivos no han tardado en reaccionar: unos lo califican como histórico; otros, como trágico.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha asegurado que el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que la malformación del feto ya no será un supuesto para interrumpir voluntariamente el embarazo, busca "el aplauso ultraconservador atacando a las mujeres".
El fantasma de la clandestinidad
La secretaria de Igualdad ha sido la primera en levantar el fantasma de la clandestinidad que antiguamente rodeaba a la interrupción del embarazo, y ha reiterado que "no se trata siquiera de un escenario comparable" al que se planteó con la reforma del código penal en el año 1985.
"Estamos ante la amenaza de una penalización total que nos retrotrae a muchos años antes, a la clandestinidad, a la total inseguridad sanitaria y jurídica de las mujeres y de los y las profesionales", ha aseverado.
La secretaria de Igualdad el PP "deja claras las opciones" a las mujeres españolas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. "Si tenemos dinero podremos salir de España para hacerla, si no, corremos los riesgos de la clandestinidad, la inseguridad sanitaria y jurídica", ha apuntado.
En un comunicado, Causapié entiende que la propuesta 'popular' supondría "ponerse a la cola de Europa" en cuanto a derechos y libertades de las mujeres.
Un debate viejo y con bajo margen de acuerdo
A la clandestinidad y la "inseguridad sanitaria" también se refirió la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, quien considera el anuncio de Gallardón "una gran tragedia en relación al derecho a la mujer a decidir".
"Encender el debate social (sobre el aborto) que ya estaba resuelto y en el que hay poco margen de acuerdo, es muy peligroso y confunde a la gente", ha opinado Soleto.
La presidenta de la Fundación Mujeres considera que suprimir ese supuesto del aborto "crea inseguridad" jurídica y sanitaria.
Al rechazo se ha sumado también la plataforma proabortista "Nosotras Decidimos" de Cataluña, un colectivo que ha indicado que, de reformarse en este sentido, supondría "retroceder a los años 70" en los derechos de las mujeres.
Derecho a decidir
En la misma línea, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha acusado también al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de "querer recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo e imponer su ideología al conjunto de la sociedad".
Lo que pretenden "es imponer a toda la sociedad su ideología de integrismo radical y religioso, pero eso no es posible en la España del siglo XXI", señala el líder del PSM en un comunicado.
"Fundamentalismo religioso"
Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha considerado el anuncio una muestra de "populismo penal" con la que se convierte en "el ariete del fundamentalismo religioso".
En su cuenta en la red social Twitter, Llamazares considera que el anuncio de Gallardón trata de ocultar el "asalto" al estado social y presupone la eliminación del consejo genético en las prestaciones sanitarias. "Primero fue el aborto en las menores, luego dijeron que sólo por indicación médica, y ahora ni la malformación del feto. ¡Todas a la cárcel!", escribe.
En la misma línea, el coordinador general de la coalición, Cayo Lara, se refiere a Gallardón y alerta de que en el Gobierno "crecen los Torquemada". "Cuando la religión y el poder financiero deciden la política del gobierno la democracia ha sido enclaustrada", advierte también en Twitter.
Controversia
Lo que para aquel colectivo de mujeres supone una "tragedia", para la asociación provida Derecho a Vivir (DAV) la eliminación del supuesto de malformación del feto supone un "progreso histórico" en la protección de la dignidad humana.
En un comunicado, la portavoz de esta organización, la doctora Gádor Joya, pide también la supresión del "coladero" que a su juicio supone que el riesgo para la salud mental de la madre se considere supuesto de aborto, además de animar al Gobierno a presentar ya la reforma de la ley vigente, "antes de agosto".
"Cuando le contemos a nuestros nietos que en España se abortaba a un niño o una niña por tener síndrome de Down, nos mirarán con vergüenza y compasión, como si viniéramos de una época bárbara y oscura", ha señalado.
El fin del aborto "eugenésico" conllevará "salvar así vidas humanas concretas, vidas de niños y niñas que, de otro modo, serán eliminados por tener una discapacidad", según interpreta la portavoz de DAV.
Apoyo a Gallardón
A la vista de las declaraciones de Ruiz-Gallardón, "la melodía de la reforma suena razonablemente bien", dice Gádor Joya, "pero es vital que el ministro no espere al otoño para presentar la nueva ley", ya que la actual es "injusta y cruel" y para que el aborto no sea una derecho, según reclama.
Además, el grupo Ginecólogos por el Derecho a Vivir, formado por más de 500 especialistas, apoya de manera "unánime" la abolición del aborto eugenésico y piden a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) que "apoye de modo institucional" la intención del ministro.
La actual regulación de la interrupción del embarazo establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión.
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