El Gobierno estudiará la posibilidad de regularizar al inmigrante que sufrió la amputación de su brazo izquierdo cuando estaba trabajando, en situación ilegal, en una panificadora de Real de Gandia (Valencia), si se solicita su regularización.
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, quien ha inaugurado en Alicante una jornada técnica sobre la futura Ley de Extranjería, ha hecho estas declaraciones a los periodistas al ser preguntada por la posibilidad de regularizar la situación del ciudadano boliviano.
"La Ley contempla situaciones como ésta, situaciones donde se puede estudiar la posibilidad de la documentación en función de razones humanitarias", ha indicado.
Atendiendo a ese supuesto, "si se solicita" la regularización, "se va estudiar", puesto que es evidente que es uno de los casos que puede acogerse a él, ha opinado.
La Fiscalía pide informes
La Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Valencia ha pedido informes a la Guardia Civil y a Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido.
Según fuentes próximas a la investigación, el fiscal de Siniestralidad de Valencia, Jaime Gil, ha requerido al fiscal de Gandia que oficie a la Guardia Civil y a la Inspección informes "en la mayor brevedad posible", para determinar en qué delitos pudieron incurrir los jefes de este joven, de 33 años.
Con los informes, la Fiscalía decidirá que actuaciones adoptará para esclarecer este asunto y determinar las posibles responsabilidades, indicaron las mismas fuentes, que aseguraron que por este caso se ha interesado también el fiscal de Sala de Siniestralidad, que ha pedido un seguimento puntual por parte del ministerio público.
La Fiscalía pide informes a la Guardia Civil