Existe la necesidad de que el trabajador aporte un indicio razonable de que un acto empresarial lesiona un derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél. Este indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido. Lo declara este fallo del Supremo, con fecha de 18 de marzo de 2011.
Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto puede hacerse recaer sobre la parte
demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la
pretendida vulneración de derechos fundamentales
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